Ramos defiende su gestión y la de Ardiles, admite reuniones pero asegura que no aprobó indemnización alguna

Así, fuentes cercanas a Ramos han admitido a Europa Press que éste se reunió en varias ocasiones con FCC, "como con otras empresas" en el marco de la legalidad, pero que en ningún momento se llegó a ningún acuerdo de sobrecoste y que, a día de hoy, de hecho, no se ha pagado liquidación alguna a esta empresa por ninguna de estas dos cuestiones.

En concreto, señalan que se reunió con el entonces presidente de FCC Construcciones, Fernando Moreno, en dos ocasiones en 2015, otras dos veces en 2014 y en tres ocasiones en 2013 pero "de todas esas no salió ningún acuerdo ni se pagó nada", ni para indemnizar a FCC por la desaladora de Bajo Almanzora ni para modificar el acuerdo de Flix. "No se pagó nada. El Ministerio actuó bien, no se pagó nada. Nunca nada ilegal fue al Consejo de Administración de Acuamed", han aseverado.

Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado a la causa de Acuamed y al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes concluyen que Ramos quería "buscar una solución" y que habría instruido a Mateo y Ardiles para que lo realizaran.

Sin embargo, en la instrucción se ha descubierto que el entonces presidente de Acuamed Arcadio Mateo y otras personas de Acuamed mantuvieron distintas operaciones en las que los altos cargos del Ministerio "no participaron ni tuvieron relación" y estas fuentes subrayan que a Ramos la UCO no le relaciona, ya que era una personas "accesoria".

EL NÚCLEO DE LA TRAMA ERA OTRO

"El núcleo de la trama era uno y no tenía relación ni con Liliana ni Ramos, que se fue del Ministerio sin pagar ninguna indemnización", insisten.

Según el entorno de Ramos, su relación de los hechos comienza cuando en septiembre de 2012 un accidente inunda la desaladora de Bajo Almanzora, Liana Ardiles como presidenta de Acuamed. Tiempo después, nombrado por Arias Cañete, Ramos fue nombrado presidente del Consejo de Administración de Acuamed y decidió mantener como vicepresidenta a Ardiles "para que la Dirección General del Agua pudiera seguir teniendo control" sobre la situación.

Más adelante, en junio de 2013 FCC, la contratista de Bajo Almanzora pide una reunión al secretario de Estado para revisar la situación, algo "habitual" con todas las empresas del sector.

Además, en la cita, en la que participaron el representante de FCC Fernando Moreno, Ramos y Ardiles, el contratista le expuso que uno de los problemas era que no se avanzaba con la situación de la desaladora y que no se les ha pagado la liquidación de la obra ya hecha y que asciende a 9,5 millones. A esto, Ramos respondió a Moreno que se iba a informar con Mateo y fue ese día, precisamente, cuando por correo electrónico se interesó por si se podía liquidar lo que se debía.

Según estas fuentes, conocedoras del cruce de los correos electrónicos, Mateo le respondió diez minutos después asegurando que lo estaban preparando y que el asunto se llevaría al Consejo de Administración de julio de 2013. Pocos días después, Ardiles le informó de que la cifra de 9,5 millones no era correcta sino que con lo único que podía estar de acuerdo el Ministerio era con un pago de entorno a 1,5 millones de euros. "Esa liquidación nunca se lleva a ese Consejo y, a día de hoy no está pagada", reiteran.

Meses más tarde, en octubre se mantuvo otra reunión a la que además asistió Mateo y en febrero de 2014 se produjo otra cita en la que ya participó el entonces ministro, Miguel Arias Cañete. El entonces secretario de Estado elevó un informe a Cañete en el que exponía que no había acuerdo alguno y que lo mejor era resolver el contrato.

Es precisamente en ese punto donde estas fuentes ponen "fin a la historia de Ramos en Acuamed" y precisan que al secretario de Estado no le parecía "claro" Arcadio Mateo en sus actuaciones y así se lo comentó al ministro, quien respaldó al presidente de Acuamed y sus actuaciones porque "creía en él".

Otro asunto a parte, según su opinión, es la descontaminación del embalse de Flix, que tenía un coste de unos 150 millones de euros, y respecto a lo cual, en 2015, un mes después de ser nombrado Ramos presidente del Consejo de Administración, el nuevo presidente de FCC Construcciones, Miguel Jurado, le pidió cita. Esa reunión se concedió "por cortesía" el 16 de junio, tres días antes de que Ramos marchara a la Presidencia del Gobierno como subsecretario.

En definitiva, el entorno de Ramos le desvincula de cualquier actuación irregular o del pago o cobro de alguna comisión por su parte y recuerda que, de hecho, "esto no se consintió".

Finalmente, defiende que de los 16 tomos de 800 páginas de la instrucción, únicamente 15 páginas se refieren a él y aclara que éste no reconoce ninguna responsabilidad en la gestión, de tipo político o moral, a pesar de que ha sido el único de toda esta situación ha dimitido, sin haber una causa en su contra.