En el caso figuran unas 50 presuntas víctimas, tanto mayores como menores de edad, aunque podría elevarse la cifra, según han confirmado fuentes de la Fiscalía, que han señalado que la investigación del caso que lleva el titular del juzgado de Instrucción Número 7 de la capital grancanaria, Miguel Ángel Parramón, está bastante avanzada.
Los hechos se remontan a hace más de diez años aunque no han salido a la luz pública hasta ahora. En algunos casos, los delitos han prescrito. La fase de instrucción podría concluir en un plazo "relativamente corto de tiempo".
De los cinco imputados, tres de ellos están en prisión -el propietario del club deportivo, su pareja sentimental y una monitora-, y los otros dos, monitores de kárate, en libertad.
Los hechos que se investigan constituyen presuntos delitos de corrupción de menores y abuso sexual continuado en el que habría prevalecido una situación de superioridad, llegando a casos de acceso carnal por vía vaginal y bucal.
Esto podría implicar, en el caso de los abusos sexuales, penas que oscilan entre los cuatro a diez años de prisión por cada uno de los delitos cometidos.
Las fuentes han aclarado que las penas se solicitarán en función de los indicios sobre la mayor o menor participación en los hechos de cada uno de los imputados en el caso, que está bajo secreto de sumario.
La abogada de los dos imputados que están en libertad, María Rosa Díaz-Bertrana, considera que la proyección mediática "está quebrando el principio de presunción de inocencia" de los implicados en el caso. Según la letrada, los medios de comunicación informan de una forma orientativa hacia el resultado, por lo que las personas presuntamente implicadas en el caso están siendo sometidas a "un juicio paralelo".
Díaz-Bertrana ha aludido también a que el caso está en fase de investigación y las actuaciones han sido declaradas secretas.
El abogado José María Palomino, que representa la acusación particular formulada por la plataforma de afectados del caso, ha hecho un especial llamamiento a los medios de comunicación para que se preserve la identidad e intimidad de las víctimas. Palomino, que representa en total a 25 personas, ha señalado que ya es suficiente el dolor que implica la investigación como para que encima se pueda "estigmatizar a las personas y familias afectadas".
El abogado y portavoz de la plataforma ha señalado que no conoce la existencia de un caso similar "ni en Canarias ni en España donde se haya cometido un abuso sexual a menores de esta trascendencia". EBP