Así lo han defendido antes de entrar en la reunión del Consejo de Universidades que ha presidido el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en la que el Decreto de ordenación de los estudios universitarios aprobado el pasado 30 de enero no figura en el orden del día.
Ninguno de los tres rectores se ha mostrado contrario a la posibilidad de implantar grados de tres años respetando los plazos propuestos por la moratoria de la Conferencia de Rectores de Universidades Española (CRUE), que posponía la implantación efectiva de grados de tres años hasta el curso 2017-2018.
"Esto es una cuestión de calidad, de qué formación damos a nuestros estudiantes -ha explicado Guzmán - sea con 3+2, 4+2, 3+1... Eso es indiferente. La cuestión es garantizar a los estudiantes que salen que van a tener empleabilidad y que van a prestar un servicio adecuado a la sociedad".
Además, en referencia al anuncio de CC.OO. de que va a impugnar ante el TS el Decreto por considerar que atenta contra el principio de igualdad reconocido en la Constitución (por permitir que la duración de los mismos grados sea distinta según cada universidad), Guzmán ha indicado que dicha desigualdad "no figura en el texto", aunque ha señalado que "es una opción legal".
"El texto no se refiere a ninguna discriminación. La discriminación puede venir como consecuencia de la aplicación y de cómo se haga --ha puntualizado-- si un título lo pasamos de cuatro a tres años, pero inmediatamente bajamos las tasas de master y las igualamos a la baja, entonces el tema de la desigualdad en el acceso desaparecería".
En la actualidad, según ha explicado el rector de la Universidad de Sevilla, estudiar un master en una universidad pública cuesta "entre 2.500 y 5.000 euros". Por ello, ha subrayado que "mientras los precios de los master sean mucho más caros que los de los grados resulta imposible, inoportuno e inadecuado abordar este asunto.
"Si no se modifican otros aspectos legales como, por ejemplo, las tasas, puede afectar al principio de igualdad en el acceso y permanencia en la universidad, puede afectar a las plantillas de profesores y de personal administrativo -ha explicado, a su vez, Ramírez-- Todo esto es demasiado serio para hacerlo deprisa y corriendo", ha asegurado.
PANORAMA "COMPLEJO"
Según el rector de la Universidad Pablo de Olavide, lo que sí provocará el decreto es un panorama de titulaciones universitarias "complejo" y ha subrayado que, a su juicio, "la complejidad lo que nos dice es que abunda en la desigualdad".
Por ello, ha indicado que lo que rechazan los rectores es la "voluntariedad" de la adaptación de los títulos de grado de cuatro a tres años de una forma heterogénea entre las universidades españolas y, por otro lado, "el tiempo" en que se ha llevado a cabo la reforma, sin realizar antes una evaluación del sistema de 4+1.
Además, en referencia a la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes para los próximos días 25 y 26 de febrero, el rector de la Universidad de Huelga ha asegurado que "respeta" la decisión de los estudiantes.