Al margen de los documentos con medidas concretas que el Congreso y Senado tienen previsto presentar al Gobierno, organizaciones de mujeres, jueces, policías y fiscales coinciden en la necesidad de abordar el pacto con presupuestos, especialización de agentes y sensibilización social para que no quede en papel mojado. En lo que lleva de año, la violencia de género se ha cobrado la vida de 27 mujeres y 6 menores, y ha dejado huérfanos a otros 13.
De este modo, los sindicatos policiales coinciden en el "gran obstáculo" que supone la falta de financiación y los recursos escasos en el camino hacia la protección de las víctimas. "Este problema se traduce tanto en los medios materiales como en los recursos humanos. La denuncia no es solo llegar y declarar; necesitas escuchar a la víctima, que se tranquilice, empatizar con ella. Se necesita para ello gente cualificada y preparada", explica a Europa Press el portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Ramón Cosío.
Asimismo, estas asociaciones advierten de la escasez de capital humano para socorrer y atender a las victimas. "Una mujer que desea denunciar durante la noche o el fin de semana, tiene que ir a una oficina oficial y esperar en la sala de espera con el inquilino que tiene un problema en el piso, con el que le han robado la cartera y sucesivamente", afirma Cosío. Por su parte, el secretario general de la Confederación Española de Policía, Antonio Labrado, incide en que hay aproximadamente 45 policías por cada víctima y que se han dado situaciones en las que "el policía ha tenido que usar su propio coche para proteger a la víctima".
UN PROBLEMA DE BASE CULTURAL
Tanto mujeres como policías, fiscales y jueces han insistido en que esta violencia es un "problema cultural" y es necesaria la "educación a la dignidad y al respeto de la mujer, que empieza en el propio hogar y las aulas, desde la infancia". "No confío en que un endurecimiento de penas vaya a disuadir el problema", ha agregado el portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, Miguel Pallarés, que subraya la importancia de la "labor educativa", insistiendo en que "la pieza clave es desterrar la cultura de la dominación y del machismo".
Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez, también comparte que los procesos penales no van a "disuadir el problema", aunque transmite la necesidad de incluir en la Ley de Estatuto de la víctima la "concreción de algunos de los preceptos".
JUSTICIA COMO OBSTÁCULO
Por otro lado, la directora de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, destaca tres cuestiones para la lucha contra la violencia de género. En primer lugar, resalta la necesidad de incrementos presupuestarios, tanto en los Presupuestos Generales del Estado como en los destinados a la intervención en el ámbito local. En este sentido, recuerda que desde la asociación se exigió una reforma de la ley de orgánica local que "ha dificultado la puesta en marcha de servicios de cercanía a las víctimas".
En segundo lugar, en el plano del tratamiento judicial, Marisa señala que la justicia debería ser un "factor determinante a la hora de la protección y de la resolución de los problemas de la violencia de género". No obstante, insiste en que, para muchas mujeres, dibuja un "itinerario complejo, que complica la vida de la mujeres en vez de ser un instrumento efectivo para terminar con la violencia".
CUSTODIA COMPARTIDA, SÓLO CON ACUERDO
En tercer lugar, incide en la importancia de la protección de los menores, pidiendo que el pacto complete el sistema de protección, de atención y de reparación del daño de los menores. En esta línea, pide la reparación del daño, ayudas económicas y protección hacia los huérfanos y alerta de que la custodia compartida "debe contar con el acuerdo de ambas partes, también en términos generales, no solo en la violencia de genero".
Soleto también recuerda el reto pendiente de la legislación internacional, para que la lucha contra la violencia machista "adquiera una visión más amplia". Asimismo, demanda la generación de mas instrumentos legales para la protección de las víctimas de violencia sexual, y así crear y desarrollar una ley de trata.
Por su parte, la presidenta de la Federación de Mujeres separadas, Ana María Pérez del Campo, coincide en que la custodia compartida "solo debería ser aceptable en el caso de que fuera solicitada por ambos progenitores".
FORMACIÓN DE TODOS LOS PROFESIONALES
En cualquier caso, Pérez del Campo ha puesto el acento en la formación de todos los profesionales. Resalta la importancia de formar la judicatura ya que "el que juzga a ese hombre o mujer, aplica la norma legal, pero también la interpreta". En su opinión, los jueces deben "obtener el complejo conocimiento de la violencia de género, de forma especial en la credibilidad de las víctimas".
De este modo, del considera "imprescindible" en las carreras universitarias la ampliación de los conocimientos sobre la violencia de género con másteres impartidos por expertos en la materia. Concretamente, destaca que debe haber "un abogado especializado en la violencia de género antes de poner la denuncia, no cuando se está poniendo."
Por otro lado, demanda la creación de centros de recuperación. Así, explica que las víctimas de estas agresiones y sus hijos "no son clónicos, y necesitan un tratamiento adecuado en consecuencia a los daños físicos, sexuales, emocionales y coactivos que han padecido". De igual modo, justifica la necesidad de estos centros advirtiendo de que "el maltrato psicológico crea tendencia" y que "las mujeres que han denunciado luego vuelven".
Finalmente, exige que "no proceda de ninguna manera la dispensa de la necesidad de declarar" (esta ocurre cuando los familiares del delincuente pueden elegir no declarar contra el último), en casos de violencia de género.