"Las 'crisis' en 2008 han dado lugar a una multiplicación de los movimientos de protesta social" y "a menudo los líderes pacíficos de esas manifestaciones han sido objetivo de represión", opina el escritor italiano Roberto Savina, autor del prefacio del informe anual de la FIDH que se titula "La obstinación del testimonio".
Coincide con Saviano el presidente de la Federación, Souhayr Belhassen, quien considera que "la crispación social" que se extiende por "todos los continentes" ha tenido "consecuencias en materia de libertad de reunión, de asociación y de expresión que sobrepasan de largo el marco único de la defensa de los derechos laborales o sociales".
La fragilidad institucional, el recrudecimiento de las reivindicaciones sociales, los conflictos relacionados con el control de la tierra y la gestión de los recursos naturales o la lucha "desmesurada" contra el tráfico de droga marcan el clima de alerta en el que se muestra la FIDH respecto a Latinoamérica.
Dice el informe en su capítulo dedicado a esa región, que "los movimientos de protesta social ligados principalmente al control de la tierra, a la protección del medio ambiente y a la explotación de recursos naturales abundaron en 2008 en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, México, Nicaragua y Perú".
Según detecta la FIDH, "los conflictos se relacionan con territorios ancestrales y poblaciones autóctonas explotadas por diferentes actores, a menudo violando sus derechos humanos" y cita casos en Chile, Colombia, Guatemala o Perú", donde "se reprimen frecuentemente las manifestaciones que piden que se respeten sus derechos", agrega el informe.
Señala también el texto el "clima de impunidad que favorece la violencia" en países como México y Guatemala, donde "la expresión 'feminicidio' se ha convertido en un vocablo habitual", aunque advierte del peligro de la represión desproporcionada por parte del Estado y cita por ejemplo la lucha contra el tráfico de droga en esos territorios.
La FIDH recoge además "campañas de difamación orquestadas por los Gobiernos de Colombia, Perú, Nicaragua, Venezuela y Cuba y critica la vigilancia de las actividades de las ONG en Chile, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Estados Unidos, además de la instrumentalización del sistema judicial en Brasil, Cuba, Ecuador o El Salvador, entre otros.
En el 2008, se registraron episodios de represión contra aquellos que luchan contra la impunidad judicial en Argentina, Brasil, Colombia o Ecuador, entre otros, y contra los defensores de los derechos laborales en Chile, Honduras, Guatemala o Colombia, país que cuenta con el mayor número de sindicalistas asesinados en el mundo.
Por último, la FIDH lamenta que personas que reivindicaban justicia para víctimas de abusos sexuales fueran reprimidas en Estados Unidos, Argentina, México y El Salvador.