Mucho trabajo, muy mal pagado y menos reconocido. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en España unas 755.000 personas (un 90%, mujeres) trabajan como empleadas del hogar. Una cifra que contrasta abultadamente con la de afiliación a la Seguridad Social: 292.000 mujeres, es decir, menos del 40% de las que declaran trabajar. Otras fuentes menos oficiales afirman que el empleo en este sector llega hasta el millón, la mayoría, en la denominada economía sumergida.
Imprescindible: un contrato por escrito
Blanca Villate, adjunta a la Secretaría de Seguridad Social de Comisiones Obreras, nos explica las principales reivindicaciones que persiguen. Uno de los objetivos más importantes, fundamental, es relativo al contrato de trabajo: "Las condiciones han de estar por escrito. Es lo más importante en caso de que haya conflicto, porque, de no ser así, es la palabra de la trabajadora contra la del empleador".
Por escrito "debe quedar la contratación, los horarios, las funciones, la extinción del contrato, etc. Es imprescindible poder demostrar esas condiciones de la relación laboral". La importancia de este aspecto se incrementa si tenemos en cuenta que un alto porcentaje de empleadas del hogar son inmigrantes y pueden representar, por ello, un grupo más vulnerable.
El colectivo inmigrante, como siempre, lo tiene algo más difícil. Blanca Villate afirma que son las mujeres de esta procedencia las únicas que hoy por hoy aceptan trabajar como internas: "Esto supone una pérdida de libertad importante, además de que el salario suele ser el mismo o más bajo. Las mujeres inmigrantes que no tienen vivienda lo suelen aceptar porque les garantiza un techo".
El problema de cotizar
Otra reivindicación fundamental es la relativa a las cotizaciones: "Se trata de que las trabajadoras puedan cotizar desde la primera hora; en la actualidad, en caso de tener empleador, no se cotiza por debajo de 20 horas semanales y, si se trabaja para varios, la cotización se produce por encima de las 72 horas por semana". Una circunstancia que las deja desprotegidas.
El propósito es, en definitiva, hacer converger la situación de estas empleadas con la del resto de trabajadores: "Pretendemos también que coticen por el salario real, que tengan derecho a paro y que, en caso de incapacidad, empiecen a percibir la ayuda a partir de los quince días de enfermedad, como el resto de los trabajadores y no a partir de los veintinueve como hasta ahora".
Poco a poco
Una realidad que tiene que cambiar pero que, en tiempos de crisis, tendrá que hacerlo con pasos muy medidos. "No queremos perder lo que hemos conseguido hasta ahora y que esto repercuta en más costes para el empleador", afirma Villate
Otros problemas
Otra parte del conflicto reside precisamente en la concienciación de estas trabajadoras. Blanca Villate nos explica porqué muchas no cotizan: "Muchas se arrepienten a los 60 años, porque, en un principio no lo han considerado una profesión o creen que lo van a realizar por un tiempo corto, a raíz de una mala racha, menos ingresos o un bache del marido... Y, claro, como van a estar poco tiempo, creen que van a perder el dinero de la cotización y que no les compensa... Luego, muchas de ellas están quince años, incluso más, pero no generan derecho a pensión por no haber cotizado".
La tarea de los sindicatos en este campo demuestra ser vital; además, tanto CC.OO como UGT han extendido su red social a organizaciones dependientes de la Iglesia, a las que las inmigrantes, por sus creencias, se dirigen con más facilidad que a los sindicatos. La lucha continúa y estas efemérides no deben pasar en balde.