Súria (CiU) fue condenado en 2014 a dos años de cárcel por falsedad documental --tras contemplarse el atenuante de dilaciones indebidas-- y, en principio se libraba de la cárcel al no tener antecedentes y al haber reconocido los hechos.
Sin embargo, el fiscal recurrió la sentencia al Tribunal Supremo (TS) que elevó la condena hasta los dos años y tres meses al considerar que había habido un error de cálculo en la pena, con lo que la pena ya sobrepasó los dos años, implicando su ingreso en prisión.
Fue entonces cuando intentó sin éxito que el Gobierno central le concediese el indulto, ante el que alegó que había actuado de buena fe, por razones humanitarias para ayudar a los inmigrantes y que nunca se benefició económicamente, según ha explicado a Europa Press su abogado, Jesús Santís.
El exalcalde también defendió que no sabía que detrás había una red de inmigración ilegal que facilitaba la entrada de marroquíes en España a cambio de dinero, cuyo jefe tenía un locutorio en Vilafranca del Penedès (Barcelona).