Durante la jornada técnica celebrada en el Instituto de la Ingeniería de España, Del Álamo ha expuesto las reacciones "adversas" en el sector forestal y medioambiental el proyecto de modificación de la Ley de Montes.
Durante el encuentro se analizó también cómo afectará al sector forestal la nueva ley en aspectos como la planificación y ordenación del territorio, los incendios forestales, la sanidad forestal, los montes de dominio público y los que están en manos de pequeños propietarios, unos 2 millones de hectáreas y también se abordaron los incentivos fiscales a los servicios ambientales de los montes.
Por su parte, el secretario general de Medio Rural y Montes de la Xunta de Galicia, Tomás Fernández-Couto, admitió que pueden parecer modificaciones "muy rápidas" teniendo en cuenta el ritmo de evolución natural de los montes y su gestión forestal, aunque en su opinión, hay que adecuarse a las necesidades actuales, ya que "faltaba ordenación y gestión sostenible para el pequeño empresario forestal".
"La gestión forestal sostenible es una gestión equilibrada entre los requerimientos ambientales, los de los habitantes locales y los económicos", ha subrayado, al tiempo que ha dicho que la nueva Ley de Montes acerca a los propietarios particulares con la herramienta jurídica de los montes de socios.
Mientras, José María Solano, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, ha defendido que con la nueva ley se generará un nuevo reglamento con el que actualizar la normativa que se ha quedado "obsoleta".
Entre las novedades que ha destacado ha citado el cambio en el criterio de calificación de los montes para dar paso a una clasificación única en función de la propiedad y la afección o no a un servicio público.
Asimismo, el portavoz de la Asociación Forestal de Soria, Pedro Medrano, ha indicado que era "necesario" fortalecer la figura de los montes de socios y sin duda es un avance, pero los propietarios forestales habríamos querido más".
En la jornada también han participado José Cusí, de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL), que ha reclamado una fiscalidad forestal específica para los productores de papel, mientras que el portavoz de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores (COSE), ha expuesto las "ventajas" de una agrupación organizada que actúa en defensa de los propietarios forestales y que como foro de información basada en la experiencia de los socios. "Es una forma de activar medidas forestales y fomentar el empleo rural", ha añadido.
En la jornada, que clausuró Begoña Nieto, Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal del MAGRAMA, participaron además la Asociación Nacional de Empresas Forestales ASEMFO, la Universidad Politécnica de Madrid a través de la ponencia sobre planificación y ordenación forestal de Inés González Doncel o Vicente Rodríguez, en representación de la Junta de Castilla y León.