Sindicatos y asociaciones de padres cargan contra el fallo del TSJC sobre la inmersión lingüística

EUROPA PRESS 02/09/2011 16:18

Sindicatos y asociaciones de padres de alumnos han criticado duramente este viernes el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que establece un plazo de dos meses para que la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat adopte las medidas necesarias para incluir el castellano como lengua vehicular en el sistema educativo catalán.

En declaraciones a Europa Press, portavoces de los sindicatos CC.OO., USTEC·STEs y UGT, junto a la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Secundaria (Fapaes), han lamentado la "agresión" que supone el fallo, por entender que el modelo actual de inmersión lingüística en catalán ha representado un éxito y es la única vía para garantizar que los escolares aprenden castellano y catalán.

La portavoz de CC.OO., Montse Ros, se ha puesto al servicio de la Generalitat para trabajar "para que no se cambie el modelo", y ha subrayado que el modelo actual cuenta con el consenso de la sociedad catalana.

La representante de USTEC·STEs, Rosa Cañadell, ha lamentado que el fallo del TSJC quiere "buscar problemas donde no los hay", y ha recordado que todas las pruebas de nivel realizadas en Catalunya durante los últimos años garantizan que los alumnos catalanes tienen un conocimiento del castellano similar al de los alumnos de otras comunidades autónomas.

La delegada de UGT Roser Font ha considerado muy negativo el fallo, por entender que el sistema actual ha sido modélico en la integración de la población inmigrante, y ha lamentado que "unos cuantos" pretendan recortar la voluntad de la mayoría de la sociedad catalana.

El portavoz de la Fapaes, Pere Farriol, ha subrayado también el amplio consenso social y político del que goza la inmersión lingüística en catalán, y ha augurado que el cambio de este modelo supondría la marginación de los jóvenes por cuestiones de idioma, a la vez que ha calificado de "barbaridad" el fallo y se ha puesto al servicio de la Generalitat para defender el sistema actual.