En este tiempo, los cementerios y crematorios de los monasterios han recibido cerca 85.000 cadáveres que los supervivientes y equipos de voluntarios han encontrado en ríos, ciénagas, o bajo tierra.
Otras 54.000 personas continúan desaparecidas desde que la noche del 2 de mayo del año pasado el feroz ciclón atravesó el delta del río Irrawaddy, arrasando cientos de pueblos y dejando a la intemperie a más de 700.000 birmanos, casi todas ellos modestos campesinos.
La devastadora fuerza del ciclón destruyó por completo la flota de barcas de pesca, diezmó la cabaña de animales y elevó el nivel del mar para inundar unas 400.000 hectáreas de terreno dedicadas al cultivo de arroz, el principal alimento en la dieta de la población.
"Muchos miles de pobladores del delta no tienen suficiente comida, a pesar de que han recibido alguna ayuda", explicó Astrid Sehl, de la representación de Naciones Unidas en Rangún, desde la que se coordinan las operaciones de asistencia a los damnificados.
Ante la aproximación de la estación de las lluvias del monzón, que anegarán la región, Naciones Unidas ha efectuado un nuevo llamamiento a la comunidad internacional para recabar fondos con la finalidad de incrementar la asistencia durante los próximos meses.
Las organizaciones humanitarias que trabajan en el empobrecido delta estiman que cerca de medio millón de personas, incluidos unos 200.000 niños, viven en los centros de acogida, que consisten en cientos de chozas de bambú con un plástico que hace las veces de toldo.
Según la organización británica Oxfam, un año después de la peor catástrofe natural de la historia de Birmania, uno de los países más pobres de Asia, la mayoría de los campesinos del delta carecen de medio o recursos para comprar semillas, búfalos y herramientas de trabajo, razón por la que la cosecha del pasado diciembre fue un 32 por ciento inferior a la del mismo mes en 2007.
Tras la catástrofe, la xenófoba Junta Militar birmana tardó varias semanas en reaccionar, levantar el bloqueo a la ayuda internacional para los cerca de 2,5 millones de damnificado y permitir el acceso de los cooperantes a la región arrasada.
Un año después, los trabajadores de los organismos internacionales y de las organizaciones humanitarias siguen precisando de un permiso oficial para poder entrar en el delta y desarrollar los programas de ayuda, que la Junta Militar explota a fin de mejorar su imagen ante la población.
"Todavía hay restricciones para acceder a algunas áreas y los militares controlan el flujo de materiales, por eso algunos grupos no gubernamentales han decidido retirarse", explicó un voluntario birmano de la organización Care International,
Cuando el más popular comediante del país, conocido como Zarganar, criticó al Gobierno militar por su lenta respuesta a la catástrofe, fue detenido y condenado a una pena de 59 años de prisión, aunque el tribunal la redujo a 35 años, poco después.
Los grupos de disidentes birmanos exiliados en la vecina Tailandia claman que decenas de niños que quedaron huérfanos a causa del ciclón han sido reclutados a la fuerza por el Ejército, aunque Naciones Unidas mantiene que no existen evidencias que corroboren este extremo.
Naciones Unidas, Birmania y sus socios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) calculan que se precisarán al menos 691 millones de dólares durante los próximos tres años para seguir asistiendo a la población del delta.