Así lo ha acordado la sala de lo penal del TS en una sentencia que también condena al cura a inhabilitación especial para presidir, gestionar o representar institución de carácter asistencial durante cinco años, y no durante tres como acordó la Audiencia Provincial.
Este tribunal también impuso al notario Alejo Calatayud una multa de 3.600 euros por falsedad documental por el mismo caso y en un auto aclaratorio posterior le suspendió de empleo o cargo público por ocho meses, lo que ahora anula el Supremo al considerar que esta última pena fue impuesta "incorrectamente".
Para el TS, Moure "nunca fue gestor del patrimonio de los perjudicados y urdió la trama de la autorización con la finalidad de traspasar el patrimonio completo a la Fundación (...) con la finalidad de beneficiarla".
Este caso se inició a raíz de la denuncia presentada por el sobrino de una anciana ingresada en un geriátrico de dicha Fundación en 1999, por el traspaso a esta institución de casi 600.000 euros y unas sesenta propiedades.
La anciana, que residía en O Carballiño, fue ingresada junto con su marido en 1988 en el geriátrico "Os Gozos" en el municipio de Pereiro de Aguiar.
Cuando la anciana falleció en 2003 el capital heredado de su marido -fallecido cuatro años antes- en dinero y propiedades estaba en cuentas de la Fundación San Rosendo.
El tribunal consideró probado que los ancianos ingresaron en el geriátrico "ante la imposibilidad de atenderse por sí mismos y administrar su persona y bienes", ya que él tenía Alzheimer y ella una demencia senil incipiente.
Según la sentencia, el matrimonio tenía un "significado patrimonio inmobiliario y un importante capital en dinero" en la sucursal de Banesto, y cuando el director bancario quiso proponer a los titulares opciones para rentabilizarlo tuvo que contactar con Moure, "que controlaba personalmente las visitas".
Moure dijo al agente bancario que la Fundación se hacía cargo de la administración y gestión del patrimonio y "surgió la idea" de incluir al sacerdote como "autorizado" en las cuentas bancarias, "lo que la anciana María Vázquez Covela aceptó asintiendo con la cabeza".
Tras fallecer el marido, el estado de la mujer motivó en 1999 que la Fundación pidiese a la Fiscalía su incapacitación legal, que fue decretada en noviembre de 2001 con el nombramiento como tutor de su sobrino y único heredero César Vázquez Romero.
Hasta entonces, según la sentencia, Moure estaba convencido de que María Vázquez Covela carecía de herederos y para transferir "ilícitamente" todo su patrimonio a la Fundación "actuó como poseedor de sus bienes inmuebles y con la facilidad que le daba figurar como autorizado en las cuentas".
El tribunal consideró que Moure "se aprovechó del deterioro progresivo e irreversible de la capacidad intelectiva de la anciana y transfirió a cuentas de la fundación 495.758 euros y cargó gastos, sin soporte documental, por valor de otros 37.433 euros".