Según ha informado esta organización en un comunicado, estas personas se distribuirán entre las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y de las universidades y sus funciones serán de apoyo al personal de las unidades de gestión de becas para la realización de tareas administrativas, grabación de datos, verificación de datos, etc., con una jornada laboral a tiempo completo de lunes a viernes.
La 'colaboración social' se regula en el Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio. En su artículo 38.1 se establece que las Administraciones públicas podrán utilizar trabajadores perceptores de las prestaciones por desempleo, sin pérdida para estos de las cantidades que en tal concepto vinieran percibiendo, en trabajos de colaboración social que cumplan una serie de requisitos, como es que sean de utilidad social y redunden en beneficio de la comunidad.
En esta figura, la Administración asume el compromiso de abonar a cada trabajador la diferencia existente entre el importe total de la base reguladora utilizada para el cálculo de la prestación y la cantidad que perciba por desempleo. Asimismo, la Administración debe abonar las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Desde FETE-UGT denuncia la utilización de esta "modalidad de explotación laboral" y pide a las administraciones implicadas que contraten a los trabajadores "en igualdad de condiciones, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad y las mismas condiciones laborales para todos ellos".
Este sindicato exige también que todos los trabajadores tengan unos contratos laborales "dignos", algo en lo que la Administración "debería dar ejemplo". "No se puede permitir que unas personas estén trabajando sin ningún tipo de contrato y que cobren del paro", advierten desde FETE-UGT, que aseguran que estas situaciones "son absolutamente impresentables".