El sindicato argumenta que "la actual situación de un Gobierno en funciones lo deslegitima a seguir desarrollando la ley educativa, sobre todo después de que el Congreso de los Diputados aprobara la toma en consideración de la paralización de la normativa" y alerta de que el Ejecutivo "no puede legislar olvidando los derechos del alumnado y la equidad del sistema educativo público".
UGT, que forma parte de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, se suma de este modo a los anuncios realizados tanto por la Generalitat de Cataluña, como por CC.OO. y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) de recurrir la norma aprobada el pasado viernes 29 de julio por el Ejecutivo en funciones.
Asimismo, las comunidades autónomas de Asturias, Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias y Castilla-La Mancha han manifestado su rechazo al Real Decreto y han pedido al ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Educación. Además, Castilla-La Mancha, Canarias y Aragón estudian la posibilidad de recurrir el decreto, como ha hecho Cataluña.
Esas autonomías junto con País Vasco, Extremadura, Navarra, Comunidad Valenciana, Canarias, y Cantabria, es decir, todas, excepto las gobernadas por el PP (Madrid, Castilla y León, Galicia y La Rioja) manifestaron el pasado 13 de mayo al ministro, en la última sectorial, su oposición a este sistema de evaluación cuya superación está ligada a la obtención del título en ambas etapas y modifica el sistema de acceso a la Universidad.