Así lo indica el CERMI en un comunicado, en el que recuerda que se trata de una medida planteada por esta organización, que viene recogida en el Real Decreto por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros y en vigor desde la semana pasada.
La nueva norma obliga a las universidades a establecer procedimientos de configuración de la oferta, difusión, solicitud y adjudicación de las prácticas externas, de acuerdo con criterios objetivos previamente fijados y garantizando, en todo caso, los principios de transparencia, publicidad, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades.
De igual modo, en el catálogo de derechos de los estudiantes, se incluyen aspectos específicos para el alumnado con discapacidad, a los que se le garantiza el disponer de los recursos necesarios para el acceso a la tutela, a la información, a la evaluación y al propio desempeño de las prácticas en igualdad de condiciones, así como conciliar la realización de las prácticas con aquellas actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de discapacidad.