Precisamente, la Mesa del Congreso decidió este martes 9 de febrero que esta comisión, junto con otras tres, iba a perder su carácter permanente (se constituye todas las legislaturas), para convertirse en 'no permanente', con el objetivo de poder echar a andar sin tener que esperar a que se produzca el Pleno de investidura del presidente del Gobierno.
En todo caso, la citada comisión sigue sin tener carácter legislativo por lo que no se cumple la reivindicación del CERMI, que a mediados de enero envió un escrito a todos los portavoces parlamentarios solicitándoles el mantenimiento del carácter 'permanente' de dicha comisión, que ostenta desde 2004.
A juicio del CERMI, dotarla de ese 'poder legislativo' supondría "la expresión nítida del compromiso del legislador con la causa de las personas con discapacidad", un 10% de la población española con discapacidad, más sus familias.
Con todo ello, el diputado de UPN, Íñigo Alli, ha solicitado a la Mesa de la Cámara que reconsidere esta decisión, mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, en el que subraya que la preocupación del legislador debe ser proteger a los más vulnerables.
En él, no sólo manifiesta el interés de que dicha comisión tenga carácter permanente sino insiste en que la misma debe tener carácter legislativo, "ante la necesidad de que el derecho español se adapte a la Convención de Naciones Unidas de los derechos de las personas con discapacidad".
En este sentido, avanza que tiene previsto presentar una proposición de reforma del reglamento, en particular del artículo 46, que enumera las comisiones permanentes legislativas de la Cámara.