El portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, ha explicado que UPyD se basa en el artículo 23 de la Constitución en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes.
Además, ha destacado que "la Ley se aprobó sin que los diputados de la Asamblea de Madrid hubieran recibido información de ningún tipo sobre los costes económicos, presupuestarios y sociales que suponía la privatización de estos centros sanitarios en la Comunidad de Madrid".
"Este derecho a exigir por los ciudadanos implica que los representantes políticos elegidos en las urnas reciban, junto a los proyectos de ley e iniciativas del Gobierno, toda la información precisa y estudios profundos que apoyen la norma que se somete a aprobación por el poder legislativo, en este caso, la Asamblea de Madrid", ha señalado.
El Grupo Parlamentario de UPyD ha asegurado que "ni en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, ni en ningún otro documento público o aportado posteriormente a los diputados, se ha incluido un estudio técnico, económico y profesional que reúna los requisitos necesarios".
En el mes de marzo de 2013, tres meses después de la aprobación de la Ley, el Gobierno sigue sin facilitar esos informes a los diputados, ni tampoco a los sectores interesados, por lo que se desconoce si carecen de ellos o quieren ocultarlos al debate público.
Por otro lado, la portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, solicitó la semana pasada a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la externalización de la asistencia sanitaria que pretende la Comunidad de Madrid, al no poder presentarlo directamente su Grupo en el Congreso de los Diputados por tener menos de 50 diputados.