Un grupo de víctimas del accidente del tren Alvia en Santiago en julio de 2013 han boicoteado este jueves un acto en el que participaba el presidente del administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif), Gonzalo Ferré, en demanda de "dignidad y transparencia".
Los afectados del siniestro ferroviario, que reclaman justicia y la asunción de responsabilidades políticas por un descarrilamiento que en este momento mantiene al maquinista como único imputado, han aprovechado una jornada en el salón de actos del Museo del ferrocarril, en Madrid, para trasladar sus reivindicaciones ante Ferré.
A finales de mayo, integrantes de la Plataforma de víctimas Alvia 04155 ya acudieron a un acto público para utilizarlo como altavoz para sus reclamaciones. En aquel caso, sus preguntas se dirigieron al secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Niño, y al responsable de seguridad de Renfe Antonio Lanchares.
Este jueves, el máximo responsable de Adif daba una charla sobre gestión empresarial en el caso práctico de esta empresa pública y los afectados del accidente de la curva de A Grandeira han accedido hasta la sala y repartido hojas informativas mientras exigían responsabilidades, ante la mirada callada de Gonzalo Ferré. Tras varios minutos interpelándole directamente sin que este dijera nada, han sido desalojados de la sala.
REPARTO DE HOJAS INFORMATIVAS
En los folios que han repartido entre el público asistente los afectados se preguntan si puede Ferré "dar lecciones de gestión empresarial" y advierten a los organizadores del evento de que algunos de sus ponentes pueden "sonrojarles" debido a su "trayectoria profesional".
"Gonzalo Ferré está directamente relacionado con el accidente ferroviario más grave de la democracia: el del tren de Alta Velocidad Alvia, de 24/07/2013, en Santiago de Compostela, cuyo resultado fue 81 muertos y más de 140 heridos. Una persona con responsabilidades profesionales y políticas en esta tragedia no puede permitirse el lujo de dar lecciones y generar aún más dolor en las víctimas", exponen.
Además, critican que el presidente de Adif "mintió en sede parlamentaria cuando dijo el 8 de agosto de 2013 que el siniestro no ocurrió en una línea "de alta velocidad". "Seguramente preocupado más por los negocios que por buscar la verdad y depurar responsabilidades dentro de la empresa que dirige", agregan.
"Tanto los peritos en el juzgado, como el BOE, como la revista Líneas de Adif y la web de Adif y Renfe confirman que la línea Ourense-Santiago era de alta velocidad, que el tren S-730 es de alta velocidad y que el sistema ERTMS estaba instalado en la vía y embarcado en el tren", apuntan.
En este sentido, lanzan el interrogante acerca de "por qué el director de circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, autorizó en menos de 24 horas la desconexión del sistema ERTMS, sin hacer una evaluación de riesgos y sin aplicar las consiguientes medidas de control, tal y como obliga la directiva 2004/49/CE, siempre que un cambio de las condiciones de funcionamiento o un nuevo material suponga nuevos riesgos en la infraestructura o en los servicios".
"¿Cómo explica Adif que no hubiera ningún sistema de supervisión en la curva y tampoco señalización lateral?", prosiguen, antes de concluir que "se daban simultáneamente las dos circunstancias: ni señalización lateral, ni ERTMS".
Continúan con las preguntas al indicar si "sabía Adif que Ineco el 30 de mayo de 2012 dijo que el tren S-730 sólo podía circular, en el tramo Ourense-Santiago, al amparo del ERTMS nivel 1".
"La posibilidad de error humano en cualquier momento del ciclo de vida del sistema es un riesgo que se ha de tener en cuenta, reducirlo y controlarlo hasta unos niveles aceptables y razonables. ¿A qué se dedica el departamento de seguridad de Adif? ¿Sabe lo que es un sistema de gestión de la seguridad?", inciden.
"DEBERÍA APRENDER DE EMPRESAS SERIAS"
Por todo esto, interpelan a Ferré en el texto al aseverar que "antes de dar lecciones, debería usted aprender de empresas serias como la General Motors, que tras fallos técnicos que provocaron 13 muertes abrió una investigación interna, publicaron los resultados, despidieron a 15 empleados y Mary Barra, la consejera delegada de GM, reconoció los fallos y pidió perdón públicamente".
"Usted no está legitimado para dar lecciones de gestión empresarial", concluyen en el documento que han entregado a los asistentes antes de ser desalojados de la sala por personal del centro. "Dimita y no genere más dolor a las víctimas", apostillan.