La organización ecologista WWF España ha reiterado su petición de que la gestión de las competencias sobre las aguas del río Guadalquivir "vuelva ya" al Gobierno central y tanto éste como la Junta de Andalucía "dejen de marear la perdiz", tras las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.
En este sentido, la responsable de Aguas de WWF, Eva Hernández, ha manifestado en declaraciones a Europa Press que "el Estado tiene que asumir "ya" la gestión de las competencias, empezando por las tareas que tiene pendientes con Europa, como desarrollar la Directiva Marco de Agua y aprobar los planes hidrológicos de las diferentes cuencas, que "nos costará una sanción y por lo que las administraciones europeas amenazan con acudir a los tribunales".
WWF, que este jueves participó en el Parlamento andaluz en la Comisión de Medio Ambiente para mostrar su posición frente a la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica sobre delegación de competencias de la cuenca del Guadalquivir, ha añadido que "una vez resuelto estos asuntos con Europa, podremos hablar y discutir sobre las posibilidades, según la Constitución Española, de transferir algunas competencias o dar mayor participación a las comunidades autónomas en la gestión de los ríos".
"Dentro de una estructura administrativo del Estado similar a la actual, y bajo la coordinación del Gobierno central, es posible dar más participación, sin repartir cuencas en trozos, en la gestión a las regiones", ha defendido.
En referencia a la posibilidad de una prórroga de la encomienda de gestión, que finaliza este viernes, y abierta este jueves por el vicepresidente del Gobierno Manuel Chaves, Hernández ha lamentado que se trata de "una solución de emergencia y un parche más en la política de agua en España, que denota improvisación".
"Aquí se hacen cosas sin planificación por tener contentas a las comunidades autónomas y usando un bien común y público como cuestión política, una falsa moneda", ha criticado.
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
En referencia a la participación en la Comisión de Medio Ambiente, Ecologistas en Acción ha pedido la retirada de la Proposición de Ley Orgánica y así permitir un debate sosegado sobre las razones que justificaron esta actuación, con el objetivo de encontrar una solución satisfactoria que no ponga en peligro las necesarias políticas estatales y autonómicas en materia de aguas.
El planteamiento de esta norma se centra en la titularidad o competencia sobre la Administración del agua, pero desvía la atención de los problemas reales de los ecosistemas acuáticos y de sus usos, "la contaminación, la sobreexplotación, la falta de garantía, la ilegalidad, la concentración de un alto porcentaje de los recursos en pocas manos, los perjuicios a usuarios que se ven damnificados por la falta de control y buen gobierno".
Para Ecologistas en Acción, el conflicto de intereses acerca de la titularidad o competencia sobre las aguas siempre va existir y la única solución es crear espacios sólidos y estables donde sea posible debatir dichos intereses y decidir con todos los actores implicados las soluciones a los conflictos.