Estas dudas han llevado al Alto Tribunal a plantear cuestión de inconstitucionalidad contra 12 artículos de la Ley 15/2012. En los tres casos, la Sala Tercera del Supremo tiene dudas sobre la finalidad medioambiental de dichos impuestos, que los magistrados entienden que podrían estar gravando el mismo hecho imponible o la misma manifestación de riqueza ya gravada por otros impuestos.
Por ello, creen que el Tribunal Constitucional debe dilucidar si vulneran el artículo 31.1 de la Constitución, que señala que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".
El planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad ha sido acordado por la Sala al examinar los recursos de la Asociación Española de Industria Eléctrica (Unesa), Iberdrola y Endesa contra las órdenes de Hacienda que establecen los modelos de dichos impuestos.
En sus resoluciones, el Supremo destaca que los recurrentes pudieran tener razón al afirmar que la verdadera realidad perseguida con dichos impuestos es financiar el déficit tarifario.