En concreto, las asociaciones denuncian la "infracción flagrante" de las directivas europeas por parte del Gobierno español, que hace "imposible el desarrollo de las energías renovables y pone en peligro la seguridad jurídica".
La denuncia plantea como objetivo la eliminación de los supuestos de discriminación y el establecimiento de garantías de seguridad jurídica de las inversiones, así como un marco que permita el desarrollo futuro de las energías renovables.
"La legislación adoptada por el Gobierno español en los últimos años constituye una flagrante infracción de las Directivas 2009/28/CE y 2009/72/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, respectivamente, así como del principio de confianza legítima de la Unión Europea", sostienen.
Los firmantes de la denuncia consideran que el Ejecutivo está "poniendo en riesgo un sector estratégico en Europa vital para reducir la dependencia energética y lograr los objetivos medioambientales de la Unión Europea".
Además, se muestran "convencidos" de que el objetivo de reducir la deuda eléctrica creada como parte del mecanismo del déficit de tarifa se puede lograr mediante "ajustes en el sector eléctrico que no sean discriminatorios".
VULNERACIONES.
Sobre la directiva 2009/28/CE, entienden que las medidas del Gobierno hacen "prácticamente imposible" conseguir los objetivos del 20% de cuota de energías renovables en el 'mix' energético español en 2020.
El real decreto ley 14/2010 y la ley 15/2012, indican, son "claramente contrarios a la directiva por discriminar entre diferentes tecnologías y dar el mismo trato a tecnologías ya maduras que a otras tecnologías más recientes que necesitaban incentivos y cuyos productores se encuentran ahora con una rentabilidad nula o incluso negativa".
En cuanto a la directiva 2009/72/CE, exponen que "todos los recortes indiscriminados a las renovables que se han aprobado en los últimos años han favorecido a las empresas que operan en régimen ordinario", en un trato diferenciado de "discriminación en cuanto a derechos y obligaciones" entre empresas eléctricas prohibido por la legislación europea.
FIRMANTES.
La denuncia presentada ante el Parlamento Europeo aparece firmada, además de por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, por los renovables de APPA, los termosolares de Protermosolar y por los fotovoltaicas de Anpier y UNEF.
También la suscriben otras asociaciones de ámbito regional o sectorial como Acluxega, Aebig, Aeversu, Agaen, Aprean, Apuee, Aremur, Aserma, Asit, Avaesen, Eolicat y Solartys.