Juan Francisco Algarín Lamela, supuesto testaferro imputado en el caso de los ERE, estuvo cuatro años llevando sobres, supuestamente con dinero, casi siempre a Juan Lanzas, el intermediario entre las empresas, las consultoras, los sindicatos y la Junta en la negociación de los expedientes de regulación de empleo subvencionados con dinero público. En varias ocasiones, encontró a Lanzas junto a importantes políticos.