Anpier dice que cada familia "regaló" 300 euros a las eléctricas por el "despiste" de los CTC

En un comunicado, Anpier reclama "una explicación a la ciudadanía" por este asunto, en el que ya no se puede reclamar el dinero percibido de más porque en 2010 prescribió la posibilidad de hacerlo.

La asociación recuerda que en 1997 el Estado reconoció, para cada una de las diferentes tecnologías de producción de las grandes eléctricas, unos gastos de inversión que debían recuperarse a largo plazo a través de la tarifa regulada.

Esta situación, que "ahora se les niega a las energías renovables", permitiría a las eléctricas recuperar sus costes de inversión a través de los CTC, en el que se fijaban un precio de mercado de referencia de 36 euros por megavatio hora (MWh) por debajo del cual las empresas eléctricas recibirían una compensación.

"Si ocurría lo contrario y el precio de mercado era superior al de referencia, se les descontaría la diferencia", señala la asociación, antes de recordar que los precios de mercado fueron "muy superiores al de referencia".

"A finales de 2005 los CTC pendientes de cobro resultaban negativos, es decir, las empresas habían recibido más dinero por los precios fijados en el mercado que el que se habían estimado para garantizar las rentabilidades, por lo que, mediante el real decreto 7/2006, se suprimieron los CTC", indica.

No obstante, Anpier señala que esta supresión se realizó sin que a las eléctricas se les reclamara el montante percibido de más, de 3.400 millones de euros, esto es, más de 300 euros por familia española.

"El informe que elaboró en su día la Abogacía del Estado, enviado por Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en junio de 2008, calculaba que las empresas habrían cobrado ese dinero de más sin que ningún Gobierno lo hubiera reclamado. Y en algún momento entre 2010 y 2011, el asunto, y por tanto la posibilidad de reclamar el exceso pagado, habría prescrito", asegura.

Anpier lamenta que, mientras prescribía la reclamación de este dinero, se aprobaban los recortes a cerca de 55.000 familias productores de fotovoltaica "que destinaron sus ahorros a una inversión responsable y ética al amparo de un BOE y se les cercenaba hasta en un 40% los retornos garantizados por el Estado y con ello cualquier posibilidad de mantener los pagos de sus préstamos, avalados en la mayoría de los casos con sus propias viviendas".

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, lamenta "que la Administración sea tan exhaustiva con el ciudadano en sus obligaciones con el Estado, pero tan laxa en ocasiones con grandes empresas que remuneran a expresidentes, exministros y exaltos cargos de las administraciones".