El Congreso aprueba la mayor ordenación del juego desde su despenalización

La Comisión de Economía y Hacienda de la cámara baja ha aprobado, con competencia legislativa plena -el texto pasa directamente al Senado- este texto, que regula por primera vez, además de las modalidades de juego tradicionales como el bingo o el casino, los nuevos tipos de apuestas que se pueden realizar a través de internet o del móvil, que carecen de un marco regulador y se encuentran en situación de "alegalidad".

El Congreso ha incorporado un centenar de enmiendas, muchas de ellas pactadas por todos los grupos; entre éstas destaca el establecimiento de un periodo transitorio para que las empresas puedan regular su situación y sus actividades de patrocinio (muchas de las grandes empresas que ofrecen juego por internet patrocinan equipos de primera división de fútbol) y de publicidad en los medios de comunicación.

Además, entre los cambios que se han introducido figura la obligación de las empresas que utilicen internet para ofrecer sus juegos de apuestas de utilizar el dominio ".es", para reforzar así la supervisión y el control de las autoridades españolas.

La ley establecerá nuevos mecanismos de regulación y de ordenación del sector para reforzar la seguridad jurídica de los operadores y de los consumidores de los diferentes juegos, además de para proteger a los menores de edad, a las personas que están incapacitadas legalmente para jugar, y a las que han pedido voluntariamente que no se les deje acceder al juego para prevenir situaciones de ludopatía.

La ley ha contado en su conjunto con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, aunque el PP se ha abstenido en la votación final del dictamen.

Todos los portavoces han coincidido hoy en la necesidad de regular este sector para dar seguridad jurídica a las empresas que han proliferado durante los últimos años y que ofrecen sus servicios por internet, y sobre todo para proteger a los consumidores que hacen uso de ese tipo juegos.

La socialista Monserrat Colldeforns ha subrayado la importancia de que la implantación de la ley se haga de forma progresiva para dar seguridad a las empresas que ya operan en España e invierten en actividades de patrocinio o publicidad.

Colldeforns ha justificado la oposición del PSOE a imponer un impuesto más bajo (como pedía CiU) que el previsto en la ley, y ha recordado que ese nuevo impuesto -que será diferente para juego- estaba ya pactado con las comunidades autónomas.

Desde las filas del PP, el diputado Antonio Gallego ha coincidido en la necesidad de regular este sector y ha advertido de que existen ya numerosas empresas que operan en España y que sin embargo no tributan en el país, pero ha lamentado la urgencia con que a su juicio se ha tramitado el proyecto legislativo.

Gallego ha reiterado la oposición del PP a la privatización parcial (un 30 por ciento) de Loterías y Apuestas del Estado, por considerar que se trata de "malvender la gallina de los huevos de oro".

Entre las enmiendas que no han prosperado en el Congreso figura la que habían defendido varios grupos de la oposición para que un porcentaje de las apuestas deportivas e hípicas retornaran al deporte, pero sí se ha incorporado una enmienda -pactada por varios grupos- para que el Gobierno apruebe un Real Decreto en el que se determinarán esos porcentajes.

El nuevo marco regulador no afectará a Loterías y Apuestas del estado ni a la ONCE, que seguirán explotando en exclusiva las loterías de ámbito estatal.

Entre las novedades que incorpora la ley destaca la creación del Consejo de Políticas del Juego, un órgano en el que estarán representadas las comunidades autónomas.

Además, la Comisión Nacional del Juego será el organismo que autorice, supervise y controle esta actividad, además de ser el responsable final de imponer las sanciones, que pueden llegar a ser de hasta 50 millones para las "muy graves", entre las que figura la de ofrecer juegos sin tener licencia.

La Ley establecerá además un nuevo impuesto, que se distribuirá íntegramente entre las comunidades autónomas, excepto el gravamen sobre las apuestas mutuas deportivas o hípicas estatales, que corresponderá al Estado.