ACS y Sacyr, y Abertis y Bankia, se enfrentan por sus participaciones en dos autopistas radiales

Los grupos presididos por Florentino Pérez y Manuel Manrique consideran que la opción de compraventa de participaciones entre los socios de la concesionaria titular de las dos autopistas "ya no está vigente" porque "no se han cumplido los supuestos fijados en el contrato".

En concreto, ACS y Sacyr argumentan las "significativas pérdidas que han sufrido las autopistas desde su puesta en servicio", que han "alterado el equilibrio económico financiero previsto en la concesión y han generado problemas para hacer frente a sus deudas", que las han abocado al concurso de acreedores, según detalla ACS en respuesta a un requerimiento de información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En su notificación al supervisor, ACS detalla que el proceso arbitral entre los socios concesionarios de estas dos radiales de Madrid sobre la compraventa de su participación, "actualmente en marcha", será el que "decidirá sobre la vigencia o no de las opciones de venta", tal como adelantan los diarios 'El País' y 'Expansión'.

El contencioso afecta a Alazor Inversiones, sociedad participada por ACS, Sacyr, Abertis y Bankia, y que a su vez es accionista único de Accesos de Madrid, sociedad concesionaria de la R-3 y la R-5.

Según detalla ACS, "en virtud de los pactos de accionistas firmados en su día, los socios no constructores de Alazor (Abertis y Bankia) tienen un derecho potencial de opción de venta de sus participaciones frente a los socios constructores (Sacyr y la propia ACS).

Las radiales R-3 y R-5 forman parte de la decena de autopistas de peaje que actualmente están en concurso de acreedores y que el Ministerio de Fomento ultima integrar una sociedad pública con el fin de evitar su quiebra.

El contencioso entre los socios de estas dos radiales se registra así mientras el Ministerio de Fomento ultima este proyecto de constitución de una nueva empresa nacional de autopistas. El Departamento que dirige Ana Pastor controlaría el 80% de la nueva empresa nacional de autopistas, mientras que el 20% restantes se repartiría entre sus actuales concesionarios.