(Ampl.) Los auditores dicen que la nueva ley de auditoría es contraria a la normativa europea

El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Mario Alonso, ha denunciado un diálogo "insuficiente" con el Ministerio de Economía y con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) sobre el proyecto de Ley de Auditoría, ratificado en Consejo de Ministros el pasado 13 de febrero, y ha indicado que en algunas cuestiones es contrario a la normativa europea.

Alonso ha señalado que el Instituto de Censores está "de acuerdo" en que la ley se apruebe en esta legislatura y que no se busca una confrontación con el Ministerio de Economía, sino una ley "que satisfaga a todos". Por ello, el Instituto de Censores está "abierto" a que se produzca ese diálogo "a partir de mañana", ha señalado. "Esperanzas de cambios relevantes en este proyecto las tenemos todas, y estamos convencidos de que se tienen que producir y se van a producir", ha apuntado.

El Instituto de Censores ha reclamado este miércoles que el proyecto de Ley de Auditoría no está alineado con la normativa europea ni con la propuesta del Consejo de Estado y que, incluso, en algunas cuestiones es contrario.

Asimismo, Alonso ha denunciado el aumento de tasas del ICAC, que tiene su origen en una necesidad de este organismo de reforzarse "extraordinariamente" para el control de las entidades consideradas de interés público. Según Alonso, el proyecto de ley establece que las tasas aumentarán entre 2015 y 2020 un 109% en el caso de trabajos para entidades de interés público y un 79% en el resto, un incremento "enorme", "no justificado" y que "se podría evitar acotando la definición de entidad de interés público".

Según Alonso, con la definición de entidades de interés público que se incluye en el proyecto de Ley de Auditoría, en España habría entre 9.000 y 10.000 entidades de este tipo, tres veces más que en Alemania. Como consecuencia, además del incremento de las tasas, se generaría una gran distorsión en el mercado y se encarecerían los costes de las empresas, ha explicado Alonso.

El Consejo de Estado ha recomendado que se reduzca el número de entidades de interés público en España, según Alonso, y los auditores proponen que esto podría conseguirse acotando la definición de este concepto. "No tiene lógica que todas las entidades que cotizan en el MAB se traten como entidades de interés público", ha afirmado Alonso, para quien las socimis, las sicavs y las entidades de capital riesgo, entre otras, son "simples vehículos de inversión" y no deberían tener esa consideración.

El presidente del Instituto de Censores ha explicado que en Alemania el número de entidades de interés público se sitúan entorno a 800, pero no ha precisado cuál sería el número adecuado de estas entidades en España. "Es razonable" que las entidades financieras o aseguradoras, así como las que cotizan en un mercado de valores sean consideradas de interés público, pero "el resto, no, porque no tienen una trascendencia pública".

Además, Alonso ha considerado que deberían revisarse otras cuestiones, como el régimen de independencia (calificado como "sumamente farragoso por el Consejo de Estado") y el de extensión de incompatibilidades (una "caja negra" de difícil comprensión), así como la regulación de la realización de servicios por parte de familiares del auditor a clientes del mismo y la rotación de las firmas de auditoría.

Alonso también ha criticado la eliminación del trámite de los expedientes sancionadores por el comité de auditoría y la supresión de los auditores que estén en ejercicio o tengan experiencia reciente del órgano consultivo del ICAC.

"Queremos una ley que podamos cumplir", ha apuntado Alonso, para quien "no hay nada peor en un Estado de Derecho que una normativa dé inseguridad jurídica al ciudadano o a un profesional".