La Asociación de Clientes Financieros pide al Banco de España que denuncie ante la Fiscalía

Martín ha registrado la demanda en la Delegación del Gobierno de Aragón este viernes. En su escrito solicita al organismo regulador que abra una investigación y que se proceda a inhabilitar "de modo permamente" a los gestores de Bankia y al embargo de todos sus bienes.

ACF entiende que la entidad bancaria ha cometido una infracción de la legislación sobre disciplina de las entidades de crédito. Según Martín, "la actuación presuntamente irregular" en los últimos años de los directivos de Bankia y el Banco Financiero de Ahorros (BFA), al igual que la de los directivos de las entidades de ahorro que dieron lugar a la creación de las dos primeras corporaciones han causado a los impositores, los accionistas y los empleados un perjuicio económico "de proporciones gigantescas".

La demanda formulada ante el Banco España indica que el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y el resto de directivos cometieron infracciones de carácter muy grave al vulnerar el deber de veracidad y por no poner en marcha los mecanismos internos de control.

José Ignacio Martín también ha formulado la demanda ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado. En ella, el presidente de ACF ha puesto en cuestión el principio de autorregulación de las entidades bancarias y ha señalado al respecto que todos los movimientos realizados por la banca española en este sentido no han conseguido los objetivos de regenerar el crédito y la capacidad de atraer inversiones fuertes.

SUPUESTOS DELITOS

La Asociación de Clientes Financieros menciona en su escrito varios tipos delictivos, el primero de ellos el delito societario, cuyos sujetos activos son los administradores de hecho o de derecho y los socios de una sociedad constituida, sin que les eximan de su presunta responsabilidad las instrucciones recibidas.

También recoge el delito de administración desleal o fraudulenta, es decir, el abuso de las funciones propias del cargo. Igual que en el anterior caso son responsables los administradores y los supuestos en que se aplica son la concesión de créditos a sociedades insolventes y en las que los administradores tienen una importante participación, así como el trato de privilegio con los créditos vencidos y no pagados, gestionar una empresa filial de otra sociedad causando a la primera perjuicios irreparables y la percepción de retribuciones o beneficios no autorizados.

Otro caso es la utilización de fondos de una empresa para atender gastos personales y la adquisición de bienes a precios revalorizados para beneficiar al vendedor o pagar por supuestos servicios profesionales que no han sido prestados.

El delito de administración desleal o fraudulenta conlleva una responsabilidad civil, lo que supone que exista un daño atribuible a un responsable. La responsabilidad civil comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales.

Se está produciendo un proceso de saneamiento de las entidades bancarias que, salvo en España, consiste en trasladar las pérdidas a los Gobiernos, lo que repercute en los contribuyentes, expresa el texto de la demanda.

En España se está llevando a cabo un proceso de fusión de cajas de ahorro que incluye la intervención del Banco de España en entidades infracapitalizadas o en situaciones de insolvencia no detectadas, aunque en el caso de Bankia y BFA es el Gobierno de España el que "ha asumido el timón".

"SITUACIONES PROBLEMÁTICAS"

José Ignacio Martín señala que para ocultar "situaciones problemáticas" se han utilizado instrumentos como las refinanciaciones de operaciones inviables o la sobrevaloración de los bienes recibidos en pago de deuda de las acciones canjeadas por créditos, de tal forma que los créditos impagados no se contabilizan como morosos.

Se debe tener en cuenta el "infraprovisionamiento" a la hora de evaluar la solvencia real de las entidades, porque podría darse el caso de una "ocultación contable de una descapitalización real", de tal forma que "el papel ético de los gestores es fundamental".

Tanto las entidades como el Estado han puesto en marcha mecanismos de liquidez y ahora el debate se centra en activar mecanismos de capitalización y cambiar la gestión de las entidades, "para lo que debe existir voluntad política".

José Ignacio Martín señala en la demanda que "se ha visto clara la resistencia a abandonar el cargo" por parte de los directivos de entidades infracapitalizadas. Martín exige una investigación profunda de la situación real de las entidades.

El presidente de ACF prevé que suba la prima de riesgo suba. El crédito no fluye todavía en el sistema financiero porque las antiguas cajas de ahorros necesitan inyecciones de capital fijo, ha apuntado en su escrito.

Para valorar los activos de las cajas e identificar la necesidad de provisiones específicas de las entidades será necesaria una supervisión "in situ" de la salud de las mismas, indica el texto. Dar un poder mayor a los inspectores del Banco de España "permitiría acometer los cambios desde la profesionalidad que les caracteriza".

PREOCUPACIÓN

ACF resalta la "preocupación" de los clientes de los bancos y en su nombre, "ante el evidente descalabro financiero que surge a partir de una errónea gestión en la mayoría de los casos", se suma a las voces que reclaman una actuación decidida de los poderes públicos. Exigen que se aplique el Código Penal "y depurar responsabilidades".

Martín reclama una enérgica posición de los poderes públicos "en defensa de la restauración de la legalidad vigente", que ha sido "conculcada y manifiestamente vulnerada" por varias entidades financieras, lo que ha provocado "una auténtica alarma social".

La asociación lamenta en su escrito que "no hay ningún ejecutivo financiero ni de bancos, ni de cajas de ahorros, o de otras entidades de intermediación, que hayan sido sentados ante un Tribunal de Justicia, durante todos estos años, hasta fechas muy recientes".

"La sensación de estafa a los clientes cada día es mayor" a causa de "una actividad delictiva llevada a cabo por diversas entidades, que han provocado la falta de crédito a familias y empresas, y sin embargo se mantienen cuantiosos contratos blindados, y remuneraciones multimillonarias, a parte de una innumerable lista de privilegios concedidos a amigos y círculos de clientes preferentes. Toda esa remuneración debe ser inmediatamente suspendida".