CEOE aboga por adelantar la edad de jubilación a los 67 y ampliar los años cotizados para calcular la pensión

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, durante su comparecencia en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso para valorar el informe del comité de expertos creado por el Gobierno para definir un factor de sostenibilidad de las pensiones.

El responsable de la patronal ha reconocido que la sostenibilidad del sistema requiere que se "fomente la creación de nuevos empleos", pero ha subrayado que la "intensidad persistente de la crisis" obliga a acometer nuevos cambios en las pensiones, más allá de los que ya se introdujeron en la última reforma (Ley 27/2011).

"La progresión de las magnitudes más relevantes del sistemas ratifican el impacto de la situación de crisis en el sistema, incidiendo de forma preocupante en las cuentas de la Seguridad Social. En este contexto, hay una necesidad imperiosa de actuar sobre la falta de adecuación de ingresos y gastos", ha defendido.

LOS INGRESOS YA SE HAN TOCADO.

Así, "dado que sobre los ingresos ya se ha realizado un esfuerzo muy importante de los empresarios, que soportan la presión de los costes salariales derivados del mantenimiento de los tipos de cotización a pesar del compromiso de rebajarlos un punto", Lacasa ha concluido que "las actuaciones se deben dirigir fundamentalmente a la contención del gasto en su conjunto" y no sólo el de las pensiones.

"El principio de racionalización debería dar lugar a reflexionar sobre la adecuación de otras prestaciones, poniendo en cuestión su ubicación en el ámbito contributivo. Además, también deben encaminarse a medidas de intervención en otras partidas de gasto financiadas por las cotizaciones", ha insistido.

Por otra parte, cree que la Ley 27/2011, que entró en vigor en enero y cuyas previsiones se irán aplicando progresivamente hasta el año 2027, supone "un avance" pero no es "suficiente", por lo que se debe incidir aún más en el principio de contributividad, "aumentando gradualmente los años para calcular la pensión".

"Es prioritario y fundamental reforzar la relación entre la contribución realizada y la prestación recibida. Es necesario establecer la cotización durante toda la vida laboral como base fundamental de la determinación de las prestaciones, puesto que una referencia estructural de esta magnitud dará mayor garantía a las prestaciones, suponiendo unas cuentas públicas más saneadas y una reducción de los costes financieros para el Estado", ha asegurado.

En la misma línea, cree "aconsejable" estudiar la posibilidad de reducir el periodo transitorio de la Ley 27/2011, de tal manera que sus ajustes --retraso de la edad de jubilación o ampliación del número de años cotizados necesarios para acceder a la pensión máxima-- entre en vigor antes, lo que "adelantará los efectos positivos previstos".

PROCESOS MÁS EFICIENTES.

Pero el responsable de la patronal ha ido más allá, y ha puesto sobre la mesa otras medidas que los empresarios defienden, tales como un aumento de la responsabilidad de las mutuas en los casos de incapacidad temporal para "mejorar la gestión y repercusión en el gasto" de este tipo de subsidios, el impulso de la previsión complementaria de carácter individual "basándose en su naturaleza voluntaria" y en la empresa, o el fomento de las prestaciones complementarias mediante "un cuadro fiscal con vocación de permanencia que aumente su atractivo".

También proponen dar más flexibilidad a productos como las prestaciones en forma de renta vitalicia asegurada, de tal manera que se fomente su uso, y luchar contra la economía sumergida para reducir el impacto que tiene en la recaudación de las arcas públicas.

INFORME DE LOS EXPERTOS.

Con respecto a la propuesta del comité de expertos, Lacasa se ha limitado a señalar que es una "una aportación muy interesante para el debate", que deberá ser "matizada en el contexto de la Ley 27/2011, analizándose y evaluándose no sólo las consecuencias de la aplicación de un factor de sostenibilidad de estas características sino también examinando otras posibles vías de actuación".

No obstante, ha aplaudido la propuesta de desligar la revalorización de las pensiones del IPC y ha subrayado la necesidad de acometer un "debate plural que analice el conjunto de las medidas" propuestas en el marco de la última reforma y con diálogo con los agentes sociales para llegar a consensos.

"Desde que comenzó el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones ha quedado patente el compromiso de las organizaciones empresariales por reforzar el sistema público dentro de un marco de diálogo y acuerdo que permita concretar de forma consensuada las modificaciones y ajustes necesarios para dotar de mayor fortaleza al sistema", ha dicho.

Finalmente, Lacasa ha recordado que los agentes sociales contribuyeron en gran medida a que la Ley 27/2011 haya sido "entendida y asumida" por la sociedad, y ha reclamado que cualquier cambio que se adopte ahora también sea trasladado con "transparencia" a los ciudadanos con "suficiente antelación" para que puedan "tomar medidas" con prontitud.

"Este factor de sostenibilidad parece un mecanismo complejo, por lo que creemos que se debe evitar tomar decisiones precipitadas. No sólo es fundamental continuar revisando el sistema, sino que incluso es aún más importante hacerlo de forma consensuada. El debate debe ser igualmente breve pues dada la situación de la Seguridad Social deben tomarse medidas con prontitud. Es un tema que tenemos que abordar cuanto antes y debatirlo en profundidad pero sin demorarnos excesivamente", ha concluido.

SIN PRISA PERO SIN PAUSA.

En esta línea se ha manifestado también la directora Sociolaboral de Cepyme, Teresa Díaz de Terán López, cree que se debe seguir avanzando en las reformas en pro de la sostenibilidad del sistema, al considerar que "esto no es un problema coyuntural" que se pueda resolver, por ejemplo, acudiendo al fondo de reserva.

Por eso, aunque la viabilidad del sistema "dependerá de la capacidad del sistema productivo para generar un crecimiento sólido", se deben afrontar otras "amenazas" como la demográfica, a la que ya se empezó a hacer frente con la Ley 27/2011. "Es necesario valorar si se puede actuar en medidas de reforma ya aprobadas que afectan a la contributividad del sistema", ha defendido.

Por eso, hay que "considerar todas las posibilidades y consecuencias reales sobre las pensiones y el sistema" antes de tomar decisiones, y ha recordado que el informe de los expertos es "muy complejo" y constituye únicamente un "punto de partida" y un "primer análisis" para empezar a reflexionar y negociar.

Entre otras opciones, se puede estudiar si es necesario incrementar cotizaciones sociales, pero también si hace falta acelerar la implantación de la Ley 27/2011 "reduciendo considerablemente el periodo transitorio y adelantando el impacto económico", si se pueden tomar medidas "de condición del gasto inmediato" en la revalorización anual de las pensiones, o si se aplica ya el factor de sostenibilidad que proponen los expertos.

En cualquier caso, ha avisado de que esto "no puede ni debe hacerse precipitadamente" sino que hace falta un "debate sosegado de todas las opciones". "Necesitamos valorar todas las propuestas y ver todas las consecuencias. No tenemos todo el tiempo del mundo, pero eso no significa que haya que precipitarse. El tiempo que sea necesario lo utilizaremos", ha dicho.