Colectivos de la Agencia Tributaria defienden su profesionalidad "al margen de las políticas del Gobierno"

En un comunicado conjunto, los trabajadores de la Agencia Tributaria destacan que trabajan cada día para que en España los impuestos se recauden conforme a la ley y señalan que, según diversas fuentes, la economía sumergida se sitúa en torno al 20% del PIB, por lo que su trabajo es "esencial" para el sostenimiento del Estado de Bienestar.

Para ellos, este Estado de Bienestar se encuentra en "grave riesgo" tras los recortes del gasto público acaecidos en los últimos tiempos, junto a subidas impositivas de diversa índole, "sin acometer otro tipo de reformas de mayor calado", como un nuevo sistema fiscal y una reforma de los procedimientos administrativos y tributarios que permiten luchar contra el fraude fiscal.

Estos trabajadores públicos se quejan de que, a pesar de su labor fundamental en un momento de caída de ingresos, se les "sigue crucificando" con declaraciones como las del presidente de la CEOE, Joan Rosell, quien aseguró hace varias semanas que veía inspectores de Hacienda "por todos los lados".

Los trabajadores de la Agencia Tributaria critican también que quienes se han beneficiado de la 'amnistía fiscal', se llevan su dinero fuera de las fronteras españolas y constituyen sedes en países de nula tributación son los que reclaman al Gobierno la reducción de la Administración Pública.

OTRO MODELO FISCAL.

Por último, denuncian el actual sistema tributario, "que cada vez se aleja más de los principios constitucionales de igualdad y progresividad" y consiente que las rentas del trabajo soporten una elevada presión fiscal, mientras que la imposición sobre el capital y la riqueza se ha reducido ostensiblemente. En concreto, indican que el IRPF grava con un tipo máximo del 47% a las rentas del trabajo, mientras que el tipo máximo de las rentas del ahorro es del 21%.

También consideran "lamentable" la tributación del Impuesto de Sociedades, cuya recaudación "ha caído en picado", mucho más allá que la caída en la actividad, debido a la deslocalización de operaciones y el elevado nivel de fraude. Además, rechazan un diseño "inadecuado" de este impuesto, con un tipo del 30% que, con la aplicación de los beneficios fiscales diseñados por los grandes grupos consolidados, determina que haya sociedades que tributan menos del 10% por sus beneficios.