El Congreso convalidará este miércoles el decreto de segregación de Adif en dos empresas

Así, Adif Alta Velocidad 'heredará el grueso de la deuda de 13.000 millones de euros derivada de la inversión realizada hasta la fecha por la empresa en la construcción de las líneas de AVE y todos los negocios relacionados --estaciones, talleres y suministro de energía, entre otros--, aunque no podrá aumentar ni las dotaciones ni los gastos de personal. No obstante, la ministra Ana Pastor ha asegurado que esta nueva empresa seguirá ejecutando todas las líneas en construcción, que suman 2.000 kilómetros de red.

Por su parte, Adif deberá conservar y gestionar la red convencional y todas las estaciones y patrimonio asociado, para lo cual recibirá recursos del Estado, que sí computarán en la contabilidad nacional, aunque el Gobierno no prevé un "impacto significativo" en el déficit público.

La norma, que fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 13 de diciembre y está en vigor desde el 1 de enero, tiene tres objetivos: cumplir con una nueva normativa contable europea y evitar que el grueso de la deuda actual de Adif compute en el déficit público, preparar a la empresa para la apertura del sector de la alta velocidad ferroviaria a la competencia privada a partir de este año y facilitar la financiación del Administrador en los mercados.

CAMBIOS EN HIDROCARBUROS.

Por otra parte, el decreto ley incluye también una modificación de la Ley de Hidrocarburos para introducir la obligación de mantener de forma permanente unas reservas de emergencia de hidrocarburos un suministro equivalente a 61 días de consumo interno diario, o almacenar 90 días de importaciones netas diarias medias.

Además, el texto nombra expresamente a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) entidad central de almacenamiento de España, adecuando así la legislación nacional a las directivas comunitarias sobre este asunto.

Finalmente, el Gobierno también ha incluido en este decreto ley una modificación de la Ley General Presupuestaria para habilitar al Ministerio de Economía a autorizar operaciones de depósito a plazo y la colocación de fondos en cuentas tesoreras, ante la "inminente" decisión del Banco Central Europeo (BCE) de no retribuir o incluso penalizar el depósito de fondos de entidades públicas en los bancos centrales tras el cierre diario de operaciones.