Constituida la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas

La mesa se ha constituido bajo la presidencia del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y con la asistencia de los representantes de las comunidades autónomas, de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y de la representación sindical (CC.OO., UGT, CSIF y CIG).

La convocatoria de la mesa se ha realizado tras concluir el proceso de certificación de los resultados por las autoridades laborales autonómicas y una vez constituida la Mesa General de Negociación de la Administración del Estado el pasado 13 de junio.

La Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas es el órgano al que se le atribuye la negociación colectiva en aquellas materias que resulten susceptibles de regulación estatal con carácter de norma básica, como pueden ser el incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas, la determinación de las prestaciones sociales o las normas que fijan criterios sobre el acceso a la función pública, sobre la carrera administrativa o sobre las condiciones laborales.

La mesa ha adecuado su composición a los resultados de las últimas elecciones sindicales y todas las organizaciones mantienen su representación: CC.OO. con cinco representantes, UGT con cinco, CSIF con tres, CIG con uno y ELA con otro.

HACIENDA VE UNA MEJORA "SUSTANCIAL" DE LA SITUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS.

El Ministerio de Hacienda ha destacado que las diferentes medidas que ha puesto en marcha el Gobierno a lo largo de cuatro años de legislatura "han posibilitado la salida de la crisis, la consolidación del Estado del Bienestar y la actual fase de expansión y crecimiento, con notable reducción del paro, incremento de las afiliaciones a la Seguridad Social e inversión creciente".

Según el departamento de Cristóbal Montoro, las medidas llevadas a cabo han mejorado "sustancialmente" la situación económica, laboral y social de los empleados públicos, como son la restitución de la paga extra aplazada en diciembre de 2012 y la recuperación de días de vacaciones y de asuntos particulares, y el incremento de la tasa de reposición.

También destaca el incremento de la oferta de promoción interna y reforzamiento de las medidas de apoyo a la misma y la agilización del desarrollo de los procesos selectivos, ya que en 2016 ya se han convocado las pruebas de la Comisión Permanente de Selección (Cuerpos generales), administradores civiles y técnicos de organismos autónomos, además de las de diversos cuerpos especiales.

De igual forma, Hacienda subraya la paridad en el acceso al empleo, ya que las mujeres suponen hoy el 57% de los participantes en los procesos selectivos; el aumento de las retribuciones en un 1% este año, que "se mantendrá en el futuro", y la aprobación del II Plan de Igualdad de la Administración General del Estado, que incluye el protocolo de movilidad de la empleada pública víctima de violencia de género.

Por último, recuerda también las medidas relativas al establecimiento del permiso retribuido desde la semana 37 de embarazo y la profesionalización y reforzamiento de la figura del funcionario local de habilitación nacional. En concreto, se han convocado un total de 1.041 nuevas plazas, incluyendo las de la Oferta de Empleo Público 2016 que se convocarán la primera semana de julio.

LOS SINDICATOS PIDEN DIÁLOGO SOCIAL Y UN NUEVO MARCO JURÍDICO.

Por su parte, CC.OO. señala en una nota que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha reconocido en la mesa la necesidad de retomar el diálogo social sobre las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos.

El sindicato ha incidido en que es necesario empezar a negociar sobre su propuesta de una oferta de empleo público excepcional de 356.000 plazas sin incremento presupuestario, para "consolidar de manera estable todas aquellas plazas presupuestadas pero no cubiertas o cubiertas con contratos que no garanticen la estabilidad y continuidad en el empleo".

También para eliminar la tasa de reposición de empleo público; recuperar los derechos "arrebatados" iniciados con el recorte del 5% de salario en 2010, las 35 horas semanales o la cobertura al 100% de la Incapacidad Temporal; desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público y recuperar la negociación colectiva en el sector.

Asimismo, CC.OO. ha planteado la necesidad de eliminar las normas básicas que "están limitando las negociaciones sobre empleo público en ámbitos autonómicos y locales". Beteta se ha mostrado favorable a esta propuesta, afirmando que "en los peores momentos de la crisis hubo que aprobar medidas muy restrictivas pero que ahora ya no estamos en ese escenario", según el sindicato.

Por otro lado, CC.OO. asegura que Beteta "ha reconocido errores en la atribución de los resultados de las elecciones sindicales en las administraciones públicas y se ha comprometido a revisarlos".

De su lado, CSIF ha abogado en un comunicado por establecer un nuevo marco jurídico "que devuelva la dignidad a las trabajadores y garantice el Estado del Bienestar y el carácter público de los servicios".