Empresas de formación piden a los partidos que sean "coherentes" y no utilicen el caso sobre cursos como "arma política"

La Asociación de Entidades de Formación y Empleo (Cecap) en Andalucía ha pedido este martes a los partidos políticos que sean "coherentes" y que no utilicen el caso sobre un presunto fraude en los cursos de formación que investiga la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía como un "arma arrojadiza" dentro de una "confrontación política", al tiempo que ha apuntado hacia la "profesionalización" del sector como "barrera de entrada de advenedizos", que "evitaría los escándalos y garantizaría el control del uso de los fondos públicos".

En rueda de prensa en Sevilla para analizar la situación del sector, el presidente de la asociación, Félix Martín, ha señalado que "no han tenido nunca constancia de que los centros profesionales asociados a Cecap hayan cometido irregularidades, pues los fondos están siempre auditados". No obstante, considera que "si las hay, deben abrirse diligencias judiciales y actuar con toda la contundencia legal que sea necesaria para que caiga todo el peso de la Ley sobre aquellos que las hayan cometido", ha añadido, toda vez que ha rechazado "las generalizaciones" porque, en todo caso, son hechos "puntuales" y "no masivos".

Tras la junta directiva de carácter extraordinario que han celebrado en la mañana de este martes para analizar este supuesto fraude en los cursos de formación en la Junta, representantes de unos cien centros de formación adscritos a la Cecap en Andalucía se han concentrado ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, para demandar que el Gobierno andaluz reintegre el pago de las deudas en concepto de cursos de formación, todo ello en el marco de las concentraciones habituales que llevan a cabo ante San Telmo un martes al mes.

Así las cosas, el presidente ha precisado en la rueda de prensa que todos aquellos centros que, una vez resueltos sus expedientes, no hayan justificado correctamente sus gastos, "tendrán que devolver el dinero", si bien ha incidido en que "en ningún caso las actuaciones judiciales deben suponer una paralización de las tareas de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, encabezada por el consejero Luciano Alonso, en la resolución de expedientes de liquidación y el abono de las cantidades adeudadas a los centros que han ejecutado correctamente la formación".

Según ha precisado, el Gobierno andaluz adeuda "unos 40 millones de euros a las más de 2.000 empresas dedicadas a la formación en Andalucía, en concepto de esos expedientes sin liquidar, algunos desde 2007".

En este sentido, Martín ha alertado de que la Consejería "adolece" de recursos humanos, hecho que le "imposibilita" agilizar la resolución de los expedientes, por lo que Cecap ha pedido a la Junta de Andalucía que dote de personal a la Consejería competente para dar solución a este problema, que ha provocado en los últimos años el cierre de "centenares" de empresas en la Comunidad autónoma, ya que se encuentran "quebradas" al no recibir los pagos por los servicios prestados.

Por todo ello, el presidente de Cecap en Andalucía ha reclamado "cautela" sobre las cantidades defraudadas y las entidades implicadas, así como ha pedido "prudencia" pues "la investigación aún se encuentra en una fase inicial y sin judicializar". Según Martín, en la actualidad, se está inspeccionando los expedientes de 2010 que alcanzan a 17 entidades, por un valor total subvencionado de 1,5 millones de euros, no conociéndose por el momento "cuál es el alcance de la cuantía exacta defraudada".

De esta manera, ha lamentado que este tipo de casos "erosionen la imagen" del sector de la formación profesional por el empleo, que "durante muchos años ha trabajado y trabaja de forma rigurosa y seria para mejorar las competencias de los trabajadores y aumentar la empleabilidad de sus alumnos", ha resaltado el presidente de la asociación, quien ha reconocido que "posiblemente el sistema no haya resultado todo lo eficiente que debería ser, pero muchas personas se han recualificado y en muchos casos han encontrado trabajo".

REVISIÓN DE MODELO Y CONCURRENCIA COMPETITIVA

Por este motivo, Martín ha instado a revisar el modelo, para lo que ha propuesto una serie de medidas, entre las que ha destacado la necesidad de "despolitizar" la formación, poner en marcha con "urgencia" un registro de empresas profesionales que desarrollen la formación con "unos mínimos criterios de calidad", que las condiciones para gestionar fondos públicos entren dentro de un "estricto" sistema de concurrencia competitiva de "enorme transparencia", salir del sistema de subvenciones y acudir a un modelo de contratación pública, así como la necesidad de establecer un diálogo "constructivo", en el que la Cecap es una parte "esencial" al poseer una cuota de representatividad del "65 por ciento del sector en las mesas de negociación del convenio colectivo".

Asimismo, ha reclamado a la Consejería de Educación que en la próxima convocatoria se cumpla la concurrencia competitiva y "se evite hacer política, continuando con un modelo que se considera agotado y que debe sufrir una profunda revisión". Al hilo, ha criticado que "la Consejería no desarrolle la normativa a nivel autonómico que permite desde hace más de un año llevar a cabo formación de certificados de profesionalidad sin financiación pública, a través de iniciativa privada, como opción a la falta de oferta formativa gratuita", puesto que "Andalucía es la única comunidad en la que no se han realizado convocatorias para formación de desempleados ni en 2012 ni en 2013, y al parecer, tampoco en 2014".