España dice que la paralización del decreto llevaría al colapso de la minería

La media de 33 meses empleada por la corte europea para pronunciar una sentencia definitiva sobre este tipo de asuntos podría ser un tiempo suficiente para acabar con la actividad minera si se mantiene la paralización del citado decreto, según defendió el abogado del Estado Juan Manuel Rodríguez Cárcamo.

Este letrado se pronunció así durante la vista celebrada hoy en la sede del Tribunal, en Luxemburgo, que servirá al juez Marc Jaeger para decidir si mantiene las medidas cautelares adoptadas el pasado otoño contra la autorización del decreto por parte de la Comisión Europea.

Por su parte, las compañías energéticas que recurrieron esta autorización de la Comisión; Gas Natural, Iberdrola y Endesa -a las que después se unió la Xunta de Galicia- solicitaron al magistrado que paralice la aplicación de la decisión hasta que adopte un fallo definitivo al respecto.

A su juicio, si el Tribunal les de la razón dentro de unos meses será muy difícil cuantificar las perjuicios ocasionados por una medida que consideran contraria el libre mercado al obligarles a comprar y quemar carbón nacional para generar electricidad, a cambio de una compensación que consideran insuficiente.

Además, dicen que esta circunstancia les obligará a cancelar compromisos ya adquiridos con el consiguiente daño para su reputación y bolsillo; y defienden que provocará la pérdida de empleos en varios sectores con el pretexto de defender puestos en la minería.

"Los empleos tienen igual dignidad estén donde estén", dijo el abogado de Endesa, Máximo Nerelo, durante la larga vista, que duró 8 horas.

En este sentido, las eléctricas y la Xunta defendieron alternativas "menos onerosas y más proporcionales" para garantizar el suministro energético español, que a su juicio no está en riesgo y, mucho menos, en el horizonte temporal estimado hasta que el tribunal dicte sentencia.

"Discrepamos sobre el volumen de carbón disponible. No existe un problema de seguridad de suministro en España", que cuenta con carbón nacional para entre 3 y 7 años, según el letrado de Gas Natural, Francisco Enrique González Díaz.

Entre las alternativas que proponen destaca el almacenamiento de carbón para afrontar posibles crisis energéticas o la hibernación de las minas, de manera que fueran abandonadas hasta que fuera necesario su uso.

Pero tanto la Comisión como el Gobierno español consideraron que esa no es una opción realista porque no hay espacio para el almacenamiento de hulla y de lo que se trata es de tener una industria en funcionamiento cuando sea necesario contar con ella.

Carbunión, la federación nacional del sector que agrupa a los productores del 99 por ciento del carbón autóctono, acudió a la vista en el tribunal, al que pidió ser considerado parte afectada.

Esta patronal apoyó la tesis española de levantar las medidas cautelares, pues a juicio de la letrada Salomé Cisnal los daños que están afectando a la minería "ni son hipotéticos ni futuros" y son "de naturaleza irreversible", a diferencia de la reducción de beneficios que vivirían las eléctricas.

"Estamos viendo ya muchos ERE en el sector", explicó, tras lo cual añadió que si continúan las medidas cautelares podría darse el caso de que no quedara ni rastro de la minería en España cuando llegara el fallo judicial.