Gestha insiste en que se necesitarían 26.718 nuevos funcionarios para reducir el fraude a la mitad

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que la Agencia Tributaria estatal (AEAT) y la Intervención General del Estado (IGAE) necesitarían 26.718 nuevos funcionarios a medio y largo plazo para intensificar la lucha contra el fraude fiscal y reducir a la mitad el tamaño de la economía sumergida, que actualmente equivale al 24,6% del PIB, unos 253.000 millones de euros.

En un comunicado, Gestha señala que ésta es una de las grandes carencias del sistema tributario si se compara con la media de los países de la Unión Europea, donde existe un trabajador de Hacienda por cada 970 contribuyentes, mientras que en España hay uno por cada 1.958 contribuyentes.

Sin embargo y ante la necesidad de cumplir con el déficit público, Gestha señala que esta ampliación de plantilla debe ser un objetivo a largo plazo y propone un incremento de 1.687 personas en 2015, con una dotación extra de 187 millones en el presupuesto.

Además, los técnicos consideran "imprescindible" una reestructuración profunda de la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda para controlar la eficacia del gasto público y la actividad de los gestores del gasto, además de exigir responsabilidades por la gestión en la lucha contra el fraude y en el control del gasto.

Esto significaría que las normas internas de Hacienda atribuyan con claridad las funciones y competencias a los funcionarios, de forma que puedan reclamarse y no queden impunes las responsabilidades administrativas por los fiascos en la falta de detección de las grandes evasiones tributarias o el despilfarro en la construcción de grandes obras infrautilizadas.

Advierten de que esta modernización de no será "tarea fácil" porque este año se intensificarán las resistencias de los funcionarios que se alternan para ocupar los puestos directivos en la Administración pública y que, a juicio de Gestha, constituyen una auténtica "casta retributiva" que rechaza la ampliación de plantillas para conservar sus privilegios por encima de la mejora en el servicio público.

No obstante, se muestra optimista porque dichos cambios serán "inevitables" debido "al hartazgo de la población" que viene exigiendo más eficacia, información y transparencia de la Administración.

En cualquier caso, critican la "falta de compromiso" de los sucesivos responsables administrativos a la hora reducir el fraude y mejorar el control del gasto público, de forma que España es "subcampeona de Europa" en volumen de la economía sumergida, y ocupa la cuarta posición con el déficit más elevado de la UE.