El ICO pagará hasta 3.400 millones a las pymes que tengan deudas con los ayuntamientos

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) pagará hasta 3.400 millones de euros las pymes que tengan deudas pendientes con los ayuntamientos, a los que se descontarán las facturas que pague el organismo de los ingresos a cuenta que realiza anualmente el Estado a las corporaciones locales.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, adelantó que esta medida, incluida en un amplio decreto ley que recoge las nuevas medidas sobre embargos hipotecarios y la regla de gasto para el Estado y los ayuntamientos, se trata de una idea "sencilla" y no dudó de que va a funcionar de forma satisfactoria.

El mecanismo consiste en que los proveedores de las administraciones públicas, y especialmente pymes de menos de 250 trabajadores, puedan recibir de modo inmediato a través del ICO el pago de una parte muy relevante de las deudas que con ellos mantienen las entidades locales.

El organismo crediticio destinará recursos al pago de las obligaciones contraídas y no satisfechas por las entidades locales, generando a cambio un crédito del ICO frente a éstas, que deberán devolver en un máximo de tres años y que tendrá por garantía la participación de la entidad concreta en los tributos del Estado.

Las operaciones tendrán un límite máximo del 25% del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la entidad local en tributos del Estado del año 2011, es decir, unos 3.400 millones de euros.

De este modo, añadió Rubalcaba, el Gobierno atiende la "difícil situación" en la que se encuentran tanto los proveedores como las propias entidades locales en estos momentos de especial dificultad.

DEDUCCIONES EN EL IRPF POR INVERSIONES EMPRESARIALES

Por otro lado, el decreto ley recoge también una medida dirigida específicamente a impulsar nuevos proyectos empresariales, y especialmente iniciativas innovadoras que favorezcan el cambio de modelo productivo.

Para ello, el Gobierno ha aprobado un tratamiento fiscal ventajoso en el IRPF para las plusvalías obtenidas por los inversores que se impliquen a medio plazo en la creación e impulso de esos proyectos, sin participar en la dirección y gestión de las sociedades resultantes. La inversión máxima anual será de 25.000 euros y las plusvalías resultantes estarán exentas.