Junta de Andalucía rechaza el recurso contra la sanción impuesta a Banco de Sabadell por cláusulas abusivas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado desestimar el recurso de reposición interpuesto por Banco Sabadell contra la sanción de 836.202 euros impuesta el pasado 12 de septiembre a esta entidad por introducir cláusulas abusivas en contratos de préstamos hipotecarios y por incumplimiento de la información de prestación de servicio.

En el acuerdo de desestimación, el Consejo ratifica las razones y los hechos probados que motivaron la resolución del procedimiento sancionador, iniciado en noviembre de 2016 tras la recepción de 45 denuncias de particulares en el marco de una campaña de control de la Inspección de Consumo contra la inclusión de 'cláusulas suelo' en las escrituras. La sanción incluyó 500.000 euros por las infracciones cometidas y un comiso de 336.202 euros de beneficio ilícito obtenido. Para su fijación se tuvieron en cuenta agravantes como el perjuicio causado a las personas consumidoras y la posición relevante de la entidad en el mercado.

De acuerdo con la normativa vigente, son cláusulas abusivas todas aquellas no negociadas individualmente ni consentidas expresamente que, en contra del principio de buena fe, causan un desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes. Esta práctica conllevó una sanción de 250.000 euros.

Por su parte, el incumplimiento del deber de información de prestación de servicio va referido concretamente a las 'cláusulas suelo'. Estas se introducen en los contratos de préstamo hipotecario a interés variable (generalmente con el euríbor como índice de referencia) y prevén que, aunque el tipo se sitúe por debajo de un determinado umbral (suelo) establecido en la propia hipoteca, la persona consumidora seguirá abonando lo correspondiente a ese umbral y no la cantidad equivalente a la bajada del euríbor. En este caso, la sanción a Banco de Sabadell fue también de 250.000 euros.

Además de la legislación que se aplica en estas sanciones, la comunidad autónoma cuenta también con la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria de Vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz en mayo de 2016 para aumentar las garantías y el derecho a la información de los andaluces en estas materias. El texto aporta una serie de mejoras respecto a la normativa estatal en cuanto a los datos que se debe proporcionar a quien suscribe un préstamo hipotecario y, además, extiende la protección a las personas que actúen como avalistas.

La Administración autonómica asesora en esta materia a la ciudadanía a través del servicio 'Consumo Responde' (www.consumoresponde.es), que el pasado año atendió 2.573 consultas relacionadas con el ámbito financiero. Las reclamaciones recibidas sobre entidades bancarias en el mismo periodo alcanzaron la cifra de 2.438 (10,85%). De ellas, 146 fueron sobre cláusulas suelo (2.927 desde 2013).