La Ley de Apoyo al Emprendedor sale del Congreso con el único respaldo del PP y la abstención del resto

El proyecto de ley de Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo ha salido este jueves del Congreso rumbo a la Cámara Alta tras incorporar una treintena de modificaciones y quedar aprobado en la Comisión de Empleo con el único voto del PP y la abstención del resto de formaciones salvo Esquerra Republicana de Catalunya.

Así, junto a las enmiendas 'populares' --que ya fueron incluidas durante la fase de Ponencia--, este jueves se han incorporado al texto una enmienda de los nacionalistas catalanes y cuatro transaccionales pactadas por el partido mayoritario con UPyD, CiU y el PNV.

El proyecto de ley, que procede de un decreto ley aprobado en febrero por el Consejo de Ministros, recoge algunas medidas para iniciar la puesta en marcha de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven como la 'tarifa plana' de 50 euros en la Seguridad Social para jóvenes que se den de alta como autónomos, la posibilidad de compatibilizar el paro con un trabajo por cuenta propia o la ampliación de requisitos para capitalizar el paro, siempre para el colectivo joven.

Además, recoge incentivos fiscales al emprendimiento como tipos de tributación reducidos, exenciones del IRPF del paro, o menores cotizaciones por contratación indefinida de jóvenes o mayores de 45 años en paro. Con el mismo objetivo se modifican condiciones del contrato 'primer empleo joven', e impulsa la colaboración público-privada y se busca facilitar la financiación.

En esta línea, el proyecto amplía el plan de pago a proveedores y el tipo de facturas que se pueden acoger a él, se limita a 30 días ampliables a 60 el plazo de pago de deudas y se incrementa la penalización por demora. También se modifican aspectos del sector ferroviario y de hidrocarburos.

CLÁUSULAS NULAS POR ABUSIVAS

El cambio más importante introducido con las enmiendas es el que, a instancias de UPyD y PP, modifica la Ley de Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que respecta a las cláusulas y prácticas abusivas. Así, se considerarán nulas "en todos los casos" las cláusulas o prácticas contrarias a los requisitos para exigir intereses de demora, esto es, haber cumplido las obligaciones contractuales y legales y no haber recibido a tiempo la cantidad.

Tampoco serán válidas las que excluyan el cobro de interés de demora o de la indemnización por costes de cobro, así como las que tengan un "contenido abusivo en perjuicio del acreedor", entendiendo que será así "cuando el interés pactado sea un 70% inferior al interés legal de demora, salvo que atendiendo a las circunstancias previstas pueda probarse que el interés aplicado no resulta abusivo".

Para determinar si una cláusula es abusiva en términos de fechas o plazos de pago, tipos de interés de demora o compensación por costes de cobro se deberán tener en cuenta "todas las circunstancias", incluyendo acciones contrarias a la buena fe y las buenas prácticas comerciales, la naturaleza del bien o del servicio, o que el deudor "tenga alguna razón objetiva para apartarse del tipo de interés legal de demora (tipo de BCE más 7%) o de la cantidad fija" de 40 euros prevista para la indemnización por costes de cobro.

INFORMAR A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La modificación a propuesta de Convergència i Unió (CiU) mandata al Gobierno a presentar ante el Congreso en un plazo máximo de seis meses un informe sobre las prácticas no laborales y las modificaciones normativas o actuaciones que deberían ponerse en marcha para potenciar su utilización como "instrumento para la inserción en el mercado laboral de los jóvenes sin experiencia ni cualificación profesional".

Además, los textos acordados entre 'populares' y nacionalistas catalanes introducen la obligación de que la comisión de seguimiento de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 informe a las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales sobre la evolución de este plan de medidas.

Por su parte, la transaccional pactada con el PNV incluye un nuevo supuesto para poder acogerse al incentivo a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa, que prevé una reducción en las cuotas a la Seguridad Social por contingencias comunes del 100% en las empresas de menos de 250 trabajadores o del 75% si son más grandes. Este incentivo está destinado a la contratación de parados menores de 30 años y se puede cobrar un máximo de doce meses, prorrogables por otros doce.

Según el proyecto original, para beneficiarse de esta medida el contratado debía o no tener experiencia laboral, o no haber trabajado más de tres meses, o proceder de otro sector, o haber estado parado ininterrumpidamente durante al menos doce de los últimos 18 meses. Ahora a estos requisitos se sumará el carecer de título oficial de enseñanza obligatoria, de título de formación profesional o de certificado de profesionalidad.

Los 'populares' también han aprovechado esta parte de la tramitación para modificar una de sus enmiendas, de tal manera que el incentivo para autónomos menores de 30 años que contraten por primera vez a un parado de 45 años o más de forma indefinida tendrán derecho a una reducción del 100% en las cuotas de la Seguridad Social, pero ya no se circunscribirá únicamente a las de contingencias comunes sino a "todas las cuotas empresariales, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedades profesionales y las cuotas de recaudación conjunta".

EN LA BUENA DIRECCIÓN

Durante el debate en Comisión, la portavoz de Empleo del PP, Carmen Álvarez-Arenas ha defendido que con este proyecto de apoyo a los emprendedores el país va "en la buena dirección" y ha apelado a la reducción del paro registrado en el último mes para argumentar que "las medidas aplicadas por el Gobierno están teniendo efectos positivos".

Por su parte, la socialista Pilar Lucio ha reconocido estar "decepcionada" con un proyecto destinado teóricamente a los jóvenes pero a los que no se cita "ni en el título", que carece de medidas para la formación y que sirve al Gobierno de "cajón desastre" para legislar sobre temas de muy diversa índole. Además, ha lamentado la "premura" en su tramitación y la "falta de voluntad de diálogo del PP para llegar a acuerdos".

Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cree que el proyecto es un "desastre" y ha criticado la "congelación" de la tramitación, primero, y su "aceleración brusca", después. También ha criticado la actitud del PP a la hora de buscar consensos con la oposición. "Parece como si la situación de mayoría absoluta situara tanta comodidad que hiciera ocioso el trabajo de acercamiento", ha llegado a decir, concluyendo por último con que algunas de las medidas de esta ley "van más allá de la precarización" de la reforma laboral y que serán "inútiles" propuestas como las de las bonificaciones porque lo que hace falta es crédito.

Álvaro Anchuelo, de UPyD, ha señalado que "las medidas propuestas son muy numerosas, algunas adecuadas en la dirección correcta, pero en general de escaso efecto económico". "Muy numerosas pero con muy pequeño efecto, más efecto mediático a menudo que efecto económico", ha añadido.

Carles Campuzano, de CiU, también ha denunciado una configuración de normas que "acumulan materias absolutamente dispares", lo que "no permite el debate a fondo", y también que los 'populares' "impongan su mayoría absoluta" para sacar adelante propuestas que "quizás tengan impacto" pero que no serán suficientes para hacer frente al grave problema del desempleo juvenil.

Por su parte, Emilio Olabarria (PNV) ha llamado la atención sobre la invasión competencial en algunos asuntos y ha recordado que "donde realmente los jóvenes emprendedores necesitan ayudas de verdad es en el acceso al crédito".