La ONU se compromete a impulsar una polémica reforma de arquitectura financiera

La delegación estadounidense objetó que Naciones Unidas tenga un "papel formal" en las decisiones que afectan a las instituciones financieras multilaterales, tal como indica la declaración final adoptada por consenso en la Asamblea General de la ONU después de tres días de debates.

Los 192 países del organismo avalaron un texto de 15 páginas que abre el camino a una mayor participación de la ONU en la gestión del sistema financiero global, reafirma el compromiso de los países ricos de aumentar la ayuda al desarrollo e insta a resistir la tentación de caer en el proteccionismo.

"Este documento refleja un consenso global sobre cómo abordar esta crisis económica y supone un elemento muy constructivo", aseguró el embajador del Reino Unido ante la ONU, John Sawers, tras la adopción del texto.

Sawers destacó que en sus 59 párrafos se favorece una reforma interna de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para hacerlas más democráticas y diversificadas.

Sin embargo, EE.UU. expresó reservas sobre varios párrafos referentes a la reforma de los organismos financieros multilaterales y la posibilidad de que los países en desarrollo recurran a medidas comerciales proteccionistas para superar la crisis.

Esas instituciones "tienen reglas de Gobierno, y tal como dicen sus acuerdos constitutivos son independientes de la ONU", recordó el representante estadounidense John Sammis, quien también subrayó que cualquier decisión sobre su reforma "es una prerrogativa que corresponde a sus accionistas y a sus juntas de gobernadores".

Fuentes diplomáticas europeas restaron importancia a las objeciones estadounidenses y señalaron que su delegación votó a favor del texto igual que el resto de los miembros de la Asamblea General.

"Por lo que a nosotros respecta, fue aprobado y punto", insistieron esas mismas fuentes.

Numerosas delegaciones se mostraron satisfechas de la aprobación por consenso del documento final, después de que su negociación causara graves discrepancias entre los países desarrollados y en desarrollo, que se manifestó en el bajo nivel de las delegaciones que asistieron al encuentro.

"El hecho es que se ha celebrado la conferencia y tenemos un documento, que es un buen documento", apuntó la secretaria de Estado de Cooperación Internacional española, Soraya Rodríguez.

Algunas ONG, sindicatos y organizaciones sociales se mostraron insatisfechas con las conclusiones de la cumbre, por considerar que no abordan con agresividad la grave situación de las economías más débiles a causa de la crisis.

"De ningún modo los resultados de esta conferencia están a la altura de las actuaciones necesarias para abordar la magnitud y profundidad de la crisis económica", indicó en una declaración el Grupo Económico y Social Global (GSEG), que reúne a unas 200 entidades vinculadas al desarrollo y el sindicalismo.

La agrupación resaltó que la declaración final es poco más que un conjunto de buenas intenciones sobre estímulos fiscales globales, condonación de la deuda y el cumplimiento de los compromisos de los países ricos en materia de ayuda al desarrollo.

Por su parte, el director general para el Desarrollo de la Comisión Europea, Stefano Manservisi, resaltó que lo importante es que pese a las profundas diferencias se consensuó una declaración.

"Siguen habiendo diferentes puntos de vista, pero el hecho de que haya un acuerdo es una buena señal", dijo a Efe Manservisi, tras señalar que la cumbre se inició con el temor de que no hubiera consenso sobre la implicación de la ONU en la solución de la crisis.

El presidente de la Asamblea General de la ONU, el nicaragüense Miguel D'Escoto, reconoció que la cumbre concluyó con "los elementos mínimos" que deseaba al convocarlo.

"De todas maneras, lo que queda claro es que ahora hay un G-192", resaltó el ex canciller sandinista, en referencia al número de países miembros del organismo mundial.

La declaración final es una versión diluida del informe presentado el pasado marzo a la Asamblea General por un grupo de economistas, liderado por el premio Nobel estadounidense Joseph Stiglitz.

Entre las medidas que contempla ese grupo está la sustitución del dólar como la moneda de comercio internacional y el reemplazo del G-20 por un nuevo Consejo Económico Global en el que se incluyan los intereses de todas las economías del planeta.

Además, esos economistas apuestan por imponer restricciones internacionales que eviten el aumento desmesurado de los bancos y la adopción de límites en las transacciones bancarias a los paraísos fiscales.