PNV pide endurecer las penas por delitos contra la hacienda pública y cambiar la tributación de SICAV

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, será el encargado de defender la iniciativa, que reclama al Gobierno que, en el plazo máximo de tres meses, presente los cambios legislativos necesarios para "mejorar notablemente la eficacia de todas las administraciones contra el fraude fiscal, penalizando con mayor rigor los comportamientos de quienes eluden e incumplen sus obligaciones con el sostenimiento de las cuentas públicas".

Para ello, la propuesta pasa por "revisar las penas establecidas para los delitos económicos, modificar regulaciones fiscales que permiten un gravamen discriminatoriamente beneficioso de las rentas obtenidas y eliminar los elementos que facilitan la creación de bolsas de fraude".

En concreto, el PNV exige reforma el Código Penal para que el delito contra la hacienda pública sea "mayor que el establecido para la insolvencia punible", revisar la figura del 'dolo eventual' en lo referente a delitos fiscales de manera que "se imposibilite su utilización como vía de escape para los defraudadores", y endurecer el tratamiento de las figuras de ingeniería fiscal y financiera cuyo objetivo sea la elusión fiscal.

También defienden cambios en la Ley Concursal para que quienes se acojan a ella no puedan, tras dar por liquidadas sus deudas fiscales, reanudar la actividad económica, y modificar el régimen de las SICAV con el objetivo de que su tributación se iguale al tipo máximo del Impuesto de Sociedades.

REFORMA FISCAL ANTES QUE SUBIR IMPUESTOS

"La lucha contra el fraude fiscal debería ser la primera fuente de obtención de ingresos antes de subir impuestos o recortar gastos, especialmente sociales. Tenemos que avanzar hacia una sociedad desarrollada y democrática en la que los ciudadanos consideren que defraudar es robar a otros ciudadanos, y que quien defrauda debe pagar penalmente", defiende Azpiazu.

Por ello, junto a la lucha contra el fraude desde el ámbito de la educación, el Gobierno debe usar "cuantas herramientas disponga el sistema democrático" para hacer frente a este problema, especialmente en épocas de crisis como la actual. "No pagar los impuestos siempre debería ser motivo de sanción económica, penal y social, pero es especialmente grave cuando muchos ciudadanos lo están pasando mal con la crisis, bien porque están en paro o bien porque se recortan las prestaciones sociales", añade el diputado del PNV.

"No es de recibo que los más ricos e informados eviten pagar impuestos utilizando instrumentos que la propia legislación les concede. Por eso, estas reformas legales están dirigidas a revisar las penas establecidas por delitos económicos, a modificar los gravámenes discriminatoriamente beneficiosos de las rentas obtenidas y a eliminar elementos que facilitan la creación de bolsas de fraude", concluye la iniciativa.