El PNV exige que se mantenga la inflación como criterio de revalorización de las pensiones

Así lo recoge en una de sus siete enmiendas parciales al proyecto de ley de reforma de las pensiones, con las que exige la supresión del artículo 7, donde se recoge este cambio del método de actualización de las cuantías que, a su entender, es "contrario a la Constitución y a los más elementales requerimientos de justicia social".

Además, los nacionalistas vascos creen que para garantizar la sostenibilidad del sistema hace falta atajar la falta de ingresos de la Seguridad Social y, para ello, proponen que las pensiones de orfandad y viudedad, las prestaciones que protegen a la familia y los complementos a mínimos se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

"De este modo, se garantizaría el carácter público, universal y suficiente de la protección de estas contingencias buscando soluciones a la situación de grave déficit que afecta al Sistema contributivo de pensiones", añade la formación, que cree que este desplazamiento debería llevarse a cabo "de manera progresiva y consensuada en el seno del Pacto de Toledo".

EVITAR LA POBREZA.

Una vez que la Seguridad Social tenga más ingresos, la formación jeltzale aboga por "cumplir con el requerimiento constitucional de suficiencia de la pensión" a través de un incrementó de las pensiones "en la cuantía suficiente para alcanzar el umbral técnico de pobreza definido por Eurostat".

Con respecto al nuevo factor de sostenibilidad que, desde 2019, vinculará la cuantía inicial de la pensión a la esperanza de vida en el momento de entrar en el sistema, el PNV cree que "la sostenibilidad no puede garantizarse mediante lo que eufemísticamente se denomina mantener la proporcionalidad entre las contribuciones y las prestaciones esperadas" y, por ello, propone suprimir el artículo que establece que este índice se aplicará en la cuantía inicial porque "de facto se propone reducir las nuevas pensiones".

Finalmente, los nacionalistas vascos reclaman la gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social para el Gobierno vasco "de acuerdo con la distribución de competencias prevista en el Estatuto de Gernika" y exigen que se "remueva la injusticia histórica" que a su entender constituye la "expulsión del mercado de trabajo contra su voluntad y mediante acuerdos no pactados por ellos" de los prejubilados que tenían la condición de mutualistas el 1 de enero de 1967.