PP rechaza en el Congreso 6 vetos a la Autoridad Fiscal y subraya su compromiso con la estabilidad financiera

El PP ha rechazado este jueves en el Pleno del Congreso las seis enmiendas de totalidad presentadas contra el proyecto de ley de Creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal --presentadas por PSOE, Izquierda Plural, CiU, PNV, ERC y BNG--, alegando que este nuevo organismo refuerza el "compromiso" del Gobierno y de "todos los españoles" desde la modificación de la Constitución con la estabilidad presupuestaria.

La portavoz adjunta del PP, Matilde Asián, ha recordado que España está comprometida con sus socios europeos en mantener el "control eficaz del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, del endeudamiento público y de la regla de gasto", principios que necesitan de instrumentos como esta nueva Autoridad.

La diputada canaria ha recordado otras normativas impulsadas por el Ejecutivo para controlar las cuentas públicas, y ha defendido que esta nueva Autoridad será "un intérprete para que los ciudadanos puedan conocer toda la información económica y financiera de las administraciones territoriales y para que, cuando no se cumplan los ingresos o los gastos, se sepa por qué".

También ha reiterado que será una entidad independiente y la ha comparado con el Instituto Nacional de Estadística (INE), dependiente del Ministerio de Economía y "de cuya independencia nadie duda". Finalmente, ha señalado que si hay un proceso de recentralización es "europeo, no español".

Tampoco UPyD ha apoyado las enmiendas de totalidad. Su portavoz económico, Álvaro Anchuelo, ha recordado que ellos solicitaron la puesta en marcha de una autoridad fiscal, propuesta contra la que votó el PP, que ahora "se ve obligado" a poner en marcha una institución "en la que no creen". "Y eso se nota mucho en el proyecto", ha dicho, advirtiendo de que harán falta "numerosos cambios" para que la formación magenta pueda votar a favor de la ley, particularmente en asuntos como el de la independencia del organismo, los nombramientos, el estatuto de funcionamiento, sus funciones, su financiación o su dependencia de las Cortes.

DEFENSA DE LAS ENMIENDAS

En defensa de su enmienda de totalidad --que va acompañada de una propuesta alternativa--, el socialista Pedro Saura ha negado que este Gobierno pueda dar "lecciones" a nadie en materia fiscal, tras la 'amnistía fiscal', el retraso de la aprobación de los Presupuestos por una "conveniencia electoral" o la "trampa" de retrasar las devoluciones fiscales para "cuadrar" las cuentas mientras la deuda ha subido hasta casi el 100% del PIB desde que gobierna el PP.

"Y con todos estos elementos y entendiendo que tener una política fiscal creíble es muy importante para salir de la crisis, nos trae una Autoridad Fiscal que no es ni autoridad ni es independiente. Lo que quieren es secuestrar este organismo y van a nombrar un mayordomo para hacer informes a Hacienda en relación con las cuentas públicas", ha criticado, lamentando la "oportunidad perdida".

Por ello, los socialistas abogan por crear una Autoridad colegiada formada por "expertos con amplios conocimientos" y vinculada al Congreso, que deberá elegir a los consejeros con mayoría cualificada para un mandato de seis años no renovable, lo que ayudaría también a conseguir una mayor transparencia y a evitar el uso partidista de las instituciones. "Nos jugamos mucho con esta institución", ha zanjado.

DEVOLUCIÓN AL GOBIERNO

El resto de enmiendas solicitan la devolución del proyecto de ley al Gobierno. Así, el portavoz económico de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, ha criticado este nuevo paso para "institucionalizar una teoría económica neoclásica sobre la que hay debate" y unos "dogmas económicos no contrastados" que postulan que "la consolidación fiscal es una herramienta útil para salir de la crisis".

"Ahora se crea una camisa de fuerza que condicionará absolutamente el margen de maniobra en política económica de los diferentes gobiernos. Es un error garrafal, un despropósito democrático", ha añadido, advirtiendo de que también restringirá la capacidad de autonomía de las administraciones. Además, ha negado que este organismo vaya a ser independiente, o que esa independencia sea "garantía de éxito", como a su entender ya se ha demostrado con otros entes como el Banco de España.

Toni Picó, de CiU, ha explicado que el rechazo de su grupo no se deriva del objetivo de la ley (que comparten) sino por cómo se ha decidido configurar la Autoridad, que a su entender no es ni independiente, ni solvente ni transparente. Además, cree que recorta la autonomía de las comunidades en materia presupuestaria, condicionando "enormemente" las decisiones de los gobiernos regionales y vulnerando competencias, a la par que repercute el coste de mantenimiento del organismo en las administraciones controladas.

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, le ha recordado al Gobierno la particularidad del marco legal que regula las relaciones entre el Gobierno central y el País Vasco en materia fiscal, y ha argumentado que esta nueva Autoridad conculca las previsiones legales vigentes sobre los regímenes forales. Además, ha planteado la posibilidad de que esta Autoridad dependiera de las Cortes para garantizar su independencia y ha rechazado que no se deje abierta la puerta a organismos similares para los regímenes fiscales propios.

CONTRA LAS POLÍTICAS SOCIALES

El diputado de ERC Alfred Bosch ha justificado su rechazo en que la "férrea disciplina presupuestaria" que garantizará este organismo "afectará a las políticas sociales" y no permitirá una "salida social" a la crisis. Además, creen que no será una entidad independiente sino "un nuevo organismo a merced del Gobierno de turno" y ha asegurado que constituye "un nuevo ataque a la poca autonomía que le queda a Cataluña" en pro de una recentralización competencial.

Olaia Fernández Davila, del BNG, ha criticado que el Gobierno se "obstine" en mantener la estabilidad presupuestaria como un objetivo "equivocado y fracasado" de su política económica, y ha rechazado una Autoridad Fiscal que, aunque "se resalta como independiente", en la práctica "es un instrumento del Gobierno central", que la utilizará como "instrumento para intervenir en la política económica de las comunidades autónomas y reducir la autonomía" de los ayuntamientos.

El portavoz económico de Amaiur, Rafael Larreina, apoya las enmiendas porque este tipo de institución "profundiza en el déficit democrático" de la UE, al ser un paso más hacia una "tecnocracia" que dirija la actividad política. "Quienes tienen que controlar si se cumplen las condiciones macroeconómicas son las cámaras legislativas", ha recordado, reprochando además la "recentralización" con un fin "de control político" de otras instituciones por parte de quienes "no son capaces" de controlar su déficit.