El PSOE rechaza el "recorte brutal" de servicios ferroviarios y teme que el objetivo último sea privatizarlos

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press tras reunirse durante aproximadamente una hora con el secretario general del sindicato de maquinistas de Renfe (Semaf), Juan Jesús García Fraile, con quien ha intercambiado puntos de vista sobre la racionalización del servicio ferroviario.

"Coincidimos en lo básico: en la oposición al plan brutal de recortes", ha dicho el diputado madrileño, subrayando que afectará a más de 3 millones de viajeros en todas las comunidades (sobre todo en Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía), tanto por las supresiones de líneas y frecuencias como por las modificaciones en algunas rutas.

Según sus cálculos, la rebaja de trenes semanales estará en torno al 22%, si bien todas las cifras son aproximaciones ante la "opacidad inaceptable" que el Ejecutivo está practicando con este tema, ya que no ha puesto a disposición de la oposición ni de los sindicatos o los ciudadanos "un listado con los servicios que se van a mantener, los que se van a suprimir y los que se van a modificar".

"Sería lo razonable, pero las decisiones se adoptan día a día y sobre la marcha, así que los ciudadanos se enteran de que un servicio se suprime o modifica prácticamente cuando está en la estación y ve pasar el tren sin pararse. Esto no es aceptable, sobre todo cuando estamos debatiendo una gran Ley de Transparencia", ha afirmado Simancas.

AFECCIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES.

El socialista ha advertido asimismo al Ministerio de Fomento de que esta reducción de servicios "no se compadece con las necesidades de los ciudadanos" y que tendrá consecuencias "negativas" en muchos aspectos, comenzando por la vertebración territorial y la movilidad de los ciudadanos tanto de las pequeñas y medianas ciudades (las más afectadas por los "dañinos" recortes) como en los grandes centros urbanos.

En este sentido, ha recordado que "la gente no coge el tren sólo para divertirse, sino también para ir a trabajar, a estudiar o a la atención sanitaria". "La supresión de servicios tiene consecuencias también sobre el desempleo, porque hay personas que están perdiendo su empleo porque, literalmente, no pueden ir a trabajar; y además se perderán miles de puestos de trabajo en el comercio y el turismo, amén del aislamiento y las emisiones contaminantes", ha añadido.

Es más, Simancas ha ironizado con que el Ministerio "contribuye de manera decisiva en la lucha contra el paro", rechazando que junto con esta pérdida potencial de puestos de trabajo se esté impulsando desde el propio Grupo Fomento la destrucción de unos 5.000 empleos entre Aena, Senasa y, ahora, Renfe.

ESTRATEGIA EN CUATRO PASOS.

Y todo con el objetivo último de privatizar la compañía ferroviaria, teme el PSOE, que cree que todas las decisiones tomadas por el Gobierno en esta materia "apuntan en esa dirección". Porque, según Simancas, la estrategia se ha ido implementando en cuatro fases, comenzando por "ahorrar gastos a Fomento en las aportaciones a Renfe", pasando después a "legitimar un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) de unas 2.000 personas en los servicios ferroviarios" y con la "liberalización exprés" del sector para "convertir un servicio público en negocio para unos posos".

"El Gobierno quiere liberar a Renfe de los servicios más ineficientes, quitarle el personal excedentario a su juicio, dividir la sociedad en cuatro pequeñas compañías para ir desgajando lo que menos les gusta, y acabar privatizando. Nosotros nos vamos a oponer porque queremos un gran operador ferroviario público y competitivo", ha hecho hincapié.

Por eso, para parar todo el proceso, en la Comisión parlamentaria de Fomento del próximo 11 de junio defenderán una proposición no de ley en la que exigen al Ejecutivo que retire el Plan de Racionalización e inicien un proceso de diálogo y acuerdo con comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales para "garantizar que las obligaciones de servicio público del transporte ferroviario atienden adecuadamente al derecho de los ciudadanos a la movilidad y a los objetivos de cohesión y vertebración territorial".

Además, han pedido la comparecencia de la ministra Ana Pastor en la misma sesión de comisión para tratar este asunto pero el Grupo Popular "lo está estudiando, lleva semanas". "El presidente de la Comisión, Celso Delgado, está hablando con el Ministerio pero a día de hoy no hemos tenido contestación", ha añadido, criticando que mientras la titular de Fomento "se pasea todos los días por todos los territorios de España hablando de la herencia recibida y escondiéndose de las preguntas realmente relevantes no tiene tiempo para venir al Parlamento".

HAY ALTERNATIVAS.

Por su parte, García Fraile ha explicado a Europa Press que la reunión con Simancas ha sido "interesante" y que el sindicato de maquinistas coincide "en bastantes cosas" con el principal partido de la oposición, "sobre todo en que hay que trabajar coordinadamente para tratar de llegar a puntos de encuentro que ayuden a salvar el ferrocarril y la empresa pública".

Así, ha explicado que la división de Renfe en cuatro sociedades "no tiene sentido" porque el trabajo ya está dividido en varias áreas en la actual compañía, y ha advertido de que si se hace sin contar con "un plan de viabilidad" adecuado para cada una de ellas tendrán "un futuro muy negro" desde su nacimiento.

A renglón seguido, ha apuntado que el objetivo último de la liberalización es "poner en manos de poderes económicos nacionales y extranjeros la posibilidad de entrar a saco en el mercado ferroviario" frente a su apuesta por el servicio público. En el mismo sentido, ha recordado que las principales operadoras europeas hablan del año 2019 para acometer este mismo proceso mientras España se empieza en hacerlo ahora, "sin antes crear unas bases para potenciar la empresa pública y ponerla en el mercado al mismo nivel que otras".

Por otra parte, García Fraile cree que la definición de la obligación de servicio público "no se está haciendo de manera coherente" ni cuenta con un análisis previo, lo que conllevará únicamente que los trenes que "caen del sistema sean excesivos", cuando se podrían revisar frecuencias, horarios y combinaciones para mejorar la eficiencia sin perder servicio.

Con respecto a la interlocución con el Ministerio, el sindicalista ha reconocido que "ha mejorado en los últimos meses" aunque critica que "muchas veces" se limite a "recibir información y no tanto a tener una participación real en las decisiones". "Vamos a escuchar más que a opinar", ha sentenciado.