Pastor defiende que la segregación de Adif es "la única forma de mantener y mejorar el servicio público"

Así lo ha asegurado durante su defensa ante el Pleno del Congreso de la convalidación del decreto ley de reestructuración del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), una medida que busca "racionalizar el sector y hacerlo sostenible y eficiente". "Esta decisión permitirá renovar el escenario del ferrocarril español, mantener su marca internacional de alta calidad y prepararlo para la entrada, desde diciembre de 2019, de nuevos operadores", ha insistido.

Además, ha subrayado que la norma se enmarca en la agenda de reformas del Gobierno, y ha recordado que la racionalización del gasto público ha permitido "acabar con proyectos faraónicos y promesas electoralistas sin respaldo financiero, que engordan una deuda que ahora toca pagar".

"No nos podemos permitir infraestructuras vacías ni sobredimensionadas. Estamos obligados siempre, pero ahora más que nunca, a ser rigurosos. Lamentablemente, hay muchos ejemplos de que en el pasado esto no fue así, de infraestructuras que parecían más pensados para asombrar a la humanidad y nos han asombrado a todos nosotros. Hemos aprendido de la experiencia, aunque sea de la de otros, y estamos convencidos de que éste es el mejor modo de lograr que el ferrocarril tenga un buen futuro", ha añadido Pastor.

DOS EMPRESAS COLABORADORAS

Así, con la segregación se podrá "hacer una mejor gestión de las distintas redes y recursos" ferroviarios mediante la "especialización y optimización" de la gestión, así como garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y adaptar el sistema español a las nuevas normas europeas de cuentas para el cálculo del déficit y la deuda pública.

Para ello, Adif se mantendrá como titular y administrador de la red convencional y de ancho métrico, y realizará también todas las actividades corporativas comunes a las dos empresas, facturando por lo que corresponda a la nueva entidad, que podrá incluso encomendarle ciertas actividades como los sistemas de control de la infraestructura o el mantenimiento. Su financiación provendrá de los ingresos del canon que pagarán los operadores y aportaciones de los Presupuestos, por lo que computará en el déficit.

Por su parte, Adif Alta Velocidad se encargará de la construcción y administración de las infraestructuras AVE, de ejecutar las líneas pendientes, y también de las actividades de telecomunicaciones y energía de manera común para aprovechar "al máximo las ventajas de la compra centralizada".

Su financiación provendrá en su práctica totalidad de ingresos del mercado y, mientras éstos cubran al menos el 50% de sus gastos operativos, podrá ser considerada una empresa no financiera por lo que no entrará en contabilidad nacional, razón por lo que será esta sociedad la que herede la actual deuda de Adif.

NO CONLLEVARÁ MÁS GASTOS

También podrá acudir a los mercados internacionales para conseguir financiación aprovechando las buenas condiciones actuales, aunque cualquier desvío en las ejecuciones presupuestarias deberán conllevar una reprogramación de las inversiones. "Éste es el mejor camino para continuar con el esfuerzo de inversión pública que necesita el país, con criterios de racionalidad y eficiencia", ha insistido la ministra.

Pastor ha asegurado además que este cambio no conllevará nuevos gastos y que se mantendrán las condiciones laborales en ambas empresas, tal y como se ha pactado con los sindicatos.

El decreto incluye también un cambio en la Ley de Hidrocarburos para concluir la trasposición de la directiva europea sobre reservas de petróleo, si bien eso "no implica cambios sustanciales en las obligaciones" actuales; y una modificación en la Ley Presupuestaria para autorizar al Ministerio de Economía a realizar operaciones de depósitos a plazo y fondos en cuentas tesoreras.

Por su parte, el portavoz 'popular' de Fomento, Andrés Ayala, ha asegurado que es "fundamental" separar las dos empresas para garantizar su sostenibilidad financiera, y ha defendido que con el decreto se implanta el "rigor, la racionalidad y la eficiencia" en la gestión ferroviaria.

"CAMUFLAR" LA DEUDA

Sin embargo, para el portavoz socialista de Fomento, Rafael Simancas, la "razón real" de este decreto es "que han decidido aumentar fuertemente el endeudamiento de Adif y quieren camuflarla para que no contabilice como deuda pública". "Podríamos entenderlo si la ministra no se hubiera pasado cada día de los dos últimos años poniendo a escurrir al último Gobierno socialista por la herencia de una deuda insoportable", ha añadido, señalando que con el PP la deuda de 13.000 millones ya ha aumentado en casi 4.000 millones más, y que con el decreto el Ministerio queda autorizado para incrementarla en otros 2.700 millones este año.

Además, ha rechazado la "liberalización exprés" del transporte ferroviario de viajeros que está planteando el Ejecutivo pese a que la UE da hasta 2019 de plazo para la entrada de operadores privados en este sector. Unas "precipitación" que no permite tener "garantías suficientes de calidad, seguridad y precio accesible" ni tampoco asegurar la supervivencia de Renfe.

"No estamos de acuerdo en precipitar el negocio privado sobre las infraestructuras ferroviarias que hemos pagado con impuestos cuando nada nos obliga a ello. No es razonable que los beneficios de la apuesta por la alta velocidad no se lo lleven los españoles sino otras empresas privadas", ha insistido Simancas.

Finalmente, ha negado la supuesta mejora de la eficiencia que conllevará esta desagregación, que supone "duplicar aparatos burocráticos" sin siquiera asegurar la cobertura de más del 52% de los gastos operativos, y ha dudado de la protección a los trabajadores de Adif. Además, ha criticado la urgencia en la tramitación cuando hace "más de año y medio" que se inició el proceso.

NO HACE FALTA HACERLO YA

Ascensión de las Heras, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ha expresado sus dudas sobre la relación entre la segregación de Adif y la eficiencia en la gestión del servicio, advirtiendo de que se pueden generar problemas de coordinación entre las dos nuevas empresas, y ha vinculado la medida a la consolidación fiscal. "Con la segregación pretenden tapar una deuda que es tan grande que no sé si decirla", ha dicho, criticando por último la "urgencia" del Gobierno por liberalizar el sector, al contrario que otros países europeos.

Al portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, el decreto no le "convence" porque busca "de forma esquiva" mantener una política de "expansión ilimitada" del AVE y permitir más endeudamiento. Además, ha criticado el "abuso constante" de los decretos ley y ha negado que esté "justificado" que es más eficiente dividir Adif en dos empresas que "se van a solapar en bastantes funciones".

Por el BNG, Rosana Pérez Fernández, ha negado que Europa obligue a España a liberalizar ya el sector ferroviario, y ha acusado al Gobierno de querer "enmascarar deuda para seguir endeudándose" y de pretender "hacer caja urgentemente".

Isabel Sánchez Robles, del PNV, comparte el "modelo organizativo" planteado, si bien ha señalado que "hasta que el Gobierno no demuestre con hechos constatables su verdadera y cierta apuesta (por la finalización del AVE en el País Vasco) la palabra de la ministra y la del presidente Mariano Rajoy están comprometidas". "Confío en que esta situación pueda ser reconducida", ha zanjado.

El portavoz adjunto de CiU, Pere Macias, coincide en la necesidad de agilizar la liberalización del sector que, según ha dicho, ha sido un éxito en países como Reino Unido o Suecia, y que además permitirá generar empleo.