Los auditores europeos acusan al BCE de negar información para evaluar su gestión de crisis

Los auditores comunitarios han publicado este martes un segundo informe sobre la entidad dirigida por Mario Draghi, en esta ocasión centrado en examinar la "eficiencia operativa" de la gestión del BCE de una función específica de supervisión, que es la gestión de crisis. El estudio, sin embargo, fue elaborado antes de la liquidación de Banco Popular, por lo que no incluye observaciones sobre este caso.

La conclusión "global" del documebto es que el BCE "ha establecido un marco sustantivo" para los procedimientos de gestión de crisis, pero también apunta que todavía es necesario resolver algunas "insuficiencias".

En cualquier caso, el Tribunal de Cuentas de la UE advierte de que las conclusiones y observaciones de los auditores tienen "un carácter provisional" porque "el BCE se negó a suministrar pruebas importantes solicitadas para llevar a cabo la fiscalización". Por ello, apuntan que el informe sólo incluye "conclusiones generales sobre el diseño de los procesos del BCE" y no puede "confirmar la eficiencia operativa de su gestión de crisis en la práctica".

"El BCE debería conceder al Tribunal de Cuentas europeo acceso a todos los documentos o información solicitados a fin de poder efectuar su tarea, en aras de la rendición de cuentas", recomiendan los auditores en el estudio.

No obstante, la institución dirigida por Draghi "no acepta esta recomendación", según ha escrito el BCE en los comentarios adjuntos al informe. "El BCE ha facilitado al Tribunal documentos e información para permitirle evaluar la eficiencia operativa de la gestión del BCE en el establecimiento de gestión de crisis para su función de supervisión", defiende.

MEJORAR LAS DIRECTRICES SOBRE IDENTIFICACIÓN DE CRISIS

Con respecto a las conclusiones del estudio, los auditores señalan que las orientaciones actuales para la identificación de crisis "no están suficientemente desarrolladas" y "no especifican unos criterios objetivos que contribuirían a la eficiencia operativa de la gestión".

"Se dispone de procedimientos para la identificación de crisis, pero no existe una serie de indicadores con umbrales claros para determinar el deterioro de una entidad supervisada, lo que también afecta negativamente a la eficiencia operativa e la gestión de crisis", subraya el Tribunal de Cuentas de la UE.

En relación a la respuesta ante crisis, los auditores apuntan que el enfoque actual del BCE "no incluye un procedimiento para garantizar que la magnitud de un problema determinado se cuantifique antes de considerar las medidas de supervisión" y añade que "no cuenta con equipos de inspección 'in situ' disponibles de inmediato para "efectuar un análisis detallado de la calidad de los activos de los bancos".

Dentro de este apartado, el estudio afirma que el BCE ha detectado dificultades en la aplicación de medidas de intervención temprana y se ha dirigido a los legisladores para aprobar cambios legislativos, pero "no ha proporcionado orientaciones orientaciones para permitir afrontar estas dificultades".

Sobre la planificación de la reestructuración de entidades financieras, los auditores valoran que el BCE ha diseñado unos procedimientos de seguimiento interno "adecuados" del proceso de evaluación de los mismos y ha establecido "unos plazos coherentes para la presentación de planes de reestructuración".

No obstante, remarca que "aún persisten ciertos retos inherentes en el contexto de los colegios de supervisores" y señala que el hecho de que la evaluación de los planes puede suponer la participación de expertos nacionales "puede conllevar riesgos para la gobernanza".

Por último, el Tribunal de Cuentas indica que la coordinación y la cooperación con otras autoridades comunitarias "aún no se ha establecido plenamente". En concreto, la cooperación entre el BCE y la Junta Única de Resolución (JUR) "se basa en compartir e intercambiar información relevante para la realización de sus tareas".

"La JUR obtiene acceso a una información más amplia durante la fase de actuación temprana, cuando el BCE lo considere oportuno o cuando la JUR lo solicite. No obstante, el nivel de información disponible no aumenta automáticamente cuando la posición financiera de un banco se deteriora", exponen los auditores.