Las eléctricas estudiarán acciones legales si los incumplimientos de Hacienda disparan el déficit de tarifa

El reciente anuncio del ministro de Industria, José Manuel Soria, de que 2013 cerrará con un déficit de tarifa de entre 2.500 y 3.000 millones de euros ha puesto en guardia a las eléctricas, que se preguntan de dónde procederá este desfase, máxime cuando la orden de peajes de agosto incluía un leve superávit y cuando el proyecto de Ley del Sector Eléctrico (LSE) remitido al Congreso incluye un saldo positivo incluso mayor, de 332 millones.

Las fuentes temen que Hacienda pueda dejar sin efecto el crédito extraordinario de hasta 2.200 millones destinado a la tarifa eléctrica de 2013, o al menos una parte sustancial de él. Esta partida, junto a las desviaciones que se puedan producir durante el año, explicaría en buena parte el nuevo agujero de la tarifa.

El crédito extraordinario forma parte de los 5.943 millones que este año se inyectarán en la tarifa desde las arcas públicas. De ellos, 2.693 millones corresponden a los impuestos eléctricos creados por el Gobierno para acabar con el déficit de tarifa, 900 millones al 50% de los sobrecostes extrapeninsulares y 150 millones a las subastas de los derechos de emisión de CO2.

Dicho crédito extraordinario aparece recogido en una ley que se encuentra en pleno trámite parlamentario. El Congreso de los Diputados ya le dio el visto bueno el pasado 20 de junio y ahora se encuentra en el Senado para su aprobación a finales de octubre. La partida se financia con deuda pública y con cargo al "vigente" Presupuesto General del Estado (PGE).

A la espera de que se resuelva la suerte de estos 2.200 millones, mañana podrían despejarse algunas de las incógnitas acerca de la tarifa eléctrica y del nivel de compromiso de Hacienda, ya que se publicarán con detalle los PGE de 2014, en los que al menos deben figurar los 900 millones de las extrapeninsulares de 2013.

EL PRECEDENTE DEL SUPREMO.

Desde las compañías eléctricas recuerdan que la jurisprudencia del Tribunal Supremo obliga a que los costes e ingresos del sistema eléctrico queden en equilibrio, lo que puede servir de base para presentar recursos.

El tribunal ya anuló el pacto de julio de 2010 entre el por entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, para congelar la luz, y obligó además a refacturar durante 2012 los importes cobrados de menos en las revisiones de finales de 2011 y comienzos de 2012.

En esta ocasión, las eléctricas no podrían recurrir una ley de PGE o una norma con rango de ley en la que se suspendan las partidas previstas para la tarifa eléctrica, pero sí una orden de peajes eléctricos como la de agosto, en la que el crédito de 2.200 millones figura como un compromiso firme de ingresos.

OBLIGADAS A FINANCIAR.

Aparte del inesperado surgimiento de 3.000 millones de euros de déficit de tarifa en 2013 y de la incertidumbre acerca de su procedencia, las eléctricas se encuentran molestas con la obligación de que este desfase deba ser financiado a través de sus balances, según consta en el proyecto de LSE.

Oficialmente, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), que integra a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y E.ON, ya publicó un comunicado en el que se pregunta por el origen de estos 3.000 millones y en el que, apenas dos meses de la aprobación de la reforma energética, expresa sus dudas acerca de que se resuelva el problema de la tarifa eléctrica.