La banca puede asumir la pérdida del 35% de su exposición al ladrillo

En su último Informe de Estabilidad Financiera, el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez advierte de que la exposición del sector bancario español a las actividades de construcción y promoción inmobiliaria es "un riesgo relevante" por el elevado volumen de inversión (445.000 millones) y por tratarse de un sector muy ligado a la evolución cíclica de la economía.

Sin embargo, el instituto emisor español matiza que el impacto que finalmente tenga el sector del ladrillo en las entidades dependerá no tanto de la inversión destinada a él, sino de la morosidad que se concrete en cada entidad, y de las garantías constituidas.

Del total de la inversión en el sector de construcción y promoción inmobiliaria, el importe de los créditos dudosos clasificados por las entidades financieras es de 42.800 millones de euros a 31 de diciembre de 2009, lo que significa el 9,6% de la inversión total.

Si se suman a esta inversión dudosa los créditos subestándar a este sector (59.000 millones de euros) -que presentan debilidad pero no registran impagos de más de 90 días-, los activos inmobiliarios adjudicados (59.700 millones) y los activos fallidos (4.000 millones), la exposición potencialmente problemática asciende a 165.500 millones de euros, que cuenta con cobertura específica del 35%.

En cualquier caso, añade el Banco de España, parte de la morosidad está cubierta tanto por provisiones específicas asociadas a préstamos dañados, como por el remanente de la provisión genérica que las entidades financieras dotaron en los años previos a la crisis.

Aunque los activos dudosos y la morosidad han seguido creciendo, sobre todo para el crédito concedido a estos sectores, y a pesar de que el ritmo de la tasa de impago crecerá en los próximos meses, "el ritmo de aumento de la morosidad está siendo menos intenso que en trimestres pasados", dice el informe.

El organismo que preside Fernández Ordóñez reconoce que la coyuntura actual "sigue siendo difícil" para las entidades financieras, y que el riesgo derivado del ajuste inmobiliario es un peso añadido, por lo que ve "deseable" que se acometan los procesos de reestructuración encaminados a adecuar la capacidad instalada.