Bolivia, Costa Rica, Chile y El Salvador secundan las voces de condena por la destitución de Lugo

En los mismos términos utilizados por su homólogo venezolano, Hugo Chávez, el presidente de Bolivia, Evo Morales, no reconocerá al Gobierno de Franco, puesto que no "surge de las urnas ni del mandato del pueblo".

Este "golpe congresal" gestado por "los neoliberales" en colaboración con los "terratenientes" locales y el "imperio" desde la lejanía constituye, a juicio de Morales, una quiebra institucional y un ataque del "imperialismo y de la derecha internacional".

Morales ha achacado esta maniobra al gremio político ganadero, en concreto, a la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y a su brazo político, el Partido Colorado, según ha recogido la Agencia Boliviana de Información (ABI).

En un alegato en defensa de Lugo, Morales ha insistido que el presidente saliente había logrado extirpar los núcleos de poder tradicionales y había encauzado un "Gobierno legítimo". Por ello, ha urgido a los "pueblos indígenas y a los movimientos sociales de América Latina a hacer un solo frente y unirse para defender la democracia en Paraguay y al presidente Lugo".

COSTA RICA OFRECE ASILO POLÍTICO

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Costa Rica, Enrique Castillo ha ofrecido el asilo político a Lugo, así como a cualquier miembro de su Ejecutivo. "Históricamente, (Costa Rica) ha sido un tradicional territorio de refugio y asilo, por lo que expresa la mejor disposición de considerar al presidente Fernando Lugo o a algún miembro de su Gabinete" como refugiado político, suscribe el comunicado.

Castillo ha deplorado la destitución de Lugo a través de una maniobra que "muestra visos de golpe de Estado", en declaraciones realizadas desde la clausura de la cumbre climática celebrada en Río de Janeiro (Brasil).

Lugo no ha dispuesto del suficiente margen de tiempo para organiza su defensa, según ha manifestado Castillo en un comunicado, y ha instado a las autoridades paraguayas a que restablezcan la normalidad institucional en consonancia con las leyes internacionales, y máxime las que rigen a la comunidad política latinoamericana.

CHILE CRITICA EL PROCESO

El ministro de Asuntos Exteriores chileno, Alfredo Moreno, ha sentenciado que la destitución de Lugo "no cumple con los estándares mínimos que requiere la defensa de cualquier persona", en alusión a que solo dispuso de dos horas para preparar sus alegaciones.

Aunque Moreno ha reiterado su respeto a las decisiones políticas adoptadas por el Congreso, en declaraciones a la cadena chilena TVN, ha emplazado a la Unión Suramericana (Unasur) a que analice lo ocurrido y acuerde una postura común.

Asimismo, ha alabado la labor de Lugo por trazar "un importante camino para lograr la paz", según ha recogido el diario chileno 'El Mercurio'. "Enaltece al Presidente Lugo que, a pesar de estas irregularidades, haya buscado un camino que trate de minimizar la violencia en su país", ha subrayado Moreno.

EL SALVADOR EXPRESA SU CONDENA

El presidente del Parlamento de El Salvador, Sigfrido Reyes, ha sentenciado que la "repentina destitución" del presidente Lugo "vulnera el orden democrático" en ese país.

"Hemos conocido la repentina destitución (de Lugo); es un hecho que claramente vulnera el orden democrático y constitucional de Paraguay porque ha sido un proceso totalmente súbito, donde no se le ha permitido al presidente el derecho a la defensa", ha declarado Reyes a la emisora estatal Radio Nacional salvadoreña.

Además, ha coincidido con Moreno y Morales al reprochar al Congreso paraguayo que no diera el suficiente margen de tiempo a Lugo para preparar su defensa, según han recogido medios locales.

El gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ya transmitió a las autoridades paraguayas su "profunda preocupación" por el "juicio político" al que iba a ser sometido el presidente Lugo. En un comunicado, el FMLN tildó este proceso de "golpe de Estado".

El detonante fue la muerte de hasta 17 personas durante los disturbios ocurridos la semana pasada en la localidad de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú (sureste) en enfrentamientos entre campesinos y policías.

La Constitución de Paraguay establece en su artículo 225 que el jefe de Estado sólo podrá ser sometido a un juicio político "por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes".

El último juicio político a un presidente paraguayo acaeció en 1999, cuando Raúl Cubas fue acusado de mal desempeño de sus funciones tras el asesinato del entonces vicepresidente, Luis Argaña, y la muerte de siete jóvenes manifestantes. Cubas, en cambio, renunció antes de que concluyera el proceso judicial.

En el caso del presidente Lugo, en concreto, el detonante fue la muerte de 17 personas en los enfrentamientos que se produjeron hace una semana cuando la Policía irrumpió en la finca Morumbí, propiedad del ex senador del opositor Partido Colorado Blas Riquelme, para desalojar al centenar de campesinos que desde hacía tres semanas ocupaba la finca para protestar por la escasez de tierras agrícolas.

Este hecho desembocó en la dimisión del ministro del Interior, Carlos Filizzola, y del comandante de la Policía, Paulino Rojas, que fueron aceptadas por Lugo.

Desde años, los campesinos del sureste de Paraguay exigen al Gobierno una distribución equitativa de las tierras de labranza, denunciando que la mayoría de las fincas productivas están en manos de los conocidos popularmente como 'brasiguayos', terratenientes brasileños que han conseguido la nacionalidad paraguaya.