Bruselas propone reglas para facilitar las demandas colectivas por daños y perjuicios a víctimas de cárteles

La Comisión Europea ha propuesto este martes reglas para facilitar las demandas colectivas por daños y perjuicios contra las empresas que participan en acuerdos ilegales para subir precios. El objetivo de esta iniciativa es permitir que los consumidores y pymes afectados puedan lograr indemnizaciones ante los tribunales nacionales.

El Tribunal de Justicia de Luxemburgo ya ha reconocido el derecho de las víctimas de infracciones al derecho de competencia a obtener la reparación del perjuicio sufrido. No obstante, debido a las trabas procedimentales y la inseguridad jurídica en este campo, muy pocos consumidores recurren, según Bruselas.

De hecho, sólo el 25% de las decisiones adoptadas por la Comisión en los últimos años constatando una infracción a las normas de competencia han ido seguidas de reclamaciones por daños y perjuicios por parte de víctimas. La mayoría las presentaron grandes empresas y se concentraron en Reino Unido, Alemania y Holanda.

"Debemos garantizar que todas las víctimas de estas infracciones puedan obtener reparación del perjuicio que han sufrido, en particular cuando una autoridad de competencia ha constatado y sancionado esa infracción", ha dicho el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, en un comunicado. "Es verdad que el derecho a reparación ante las jurisdicciones nacionales existe en todos los Estados miembros, pero las empresas y los ciudadanos no logran ejercerlo en la práctica. Nuestra propuesta quiere corregir esta situación", ha apuntado.

En primer lugar, el Ejecutivo comunitario ha recomendado a todos los Estados miembros que se doten de mecanismos de recurso colectivo, aunque sin fijar un modelo común y respetando las tradiciones nacionales. La comisaria de Justicia, Viviane Reding, ha dicho que se trata de evitar "caer en el sistema de acciones colectivas propio de los EE.UU. y correr el riesgo de demandas infundadas y de litigios abusivos.

En segundo lugar, la Comisión ha propuesto una directiva con el objetivo de facilitar las demandas por daños y perjuicios a las víctimas de cárteles. Así, se refuerza el derecho de las víctimas a acceder a la información y las pruebas necesarias; y se establece un plazo claro para que los demandantes tengan tiempo para presentar su recurso. En particular, una víctima dispondrá un plazo de cinco años a partir del momento en que tuvo la posibilidad de descubrir que fue perjudicada por una infracción para presentar su recurso. El plazo se suspenderá si alguna autoridad lanza una investigación.

Las decisiones de las autoridades nacionales de competencia, al igual que las de la Comisión, constituirán una prueba ante los tribunales de que la infracción ocurrió. Los perjudicados tendrán derecho a una compensación plena por las pérdidas sufridas y también por las pérdidas de beneficios. Bruselas ha aprobado también unas directrices para indicar cómo deben calcularse estos perjuicios.

La directiva debe ser aprobada ahora por los Gobiernos y la Eurocámara y, una vez que su texto sea final, los Estados miembros tendrán un plazo de dos años para trasladarla a sus ordenamientos jurídicos nacionales.