HRW valora como "condena histórica" la pena impuesta a Mubarak pero ve insuficiente la labor de la Fiscalía

El Tribunal Penal de El Cairo, dirigido por el magistrado Ahmed Refaat, ha condenado hoy a Mubarak y al que fuera ministro del Interior, Habib al Adli, a cadena perpetua por su complicidad en la represión que se cobró más de 800 vidas durante las protestas que acabaron con su derrocamiento en 2011. Por su parte, los observadores de grupos de Derechos Humanos, según señala HRW, consideran que en general el juicio se ha celebrado de conformidad con los principios internacionales de justicia procesal.

"Estas condenas han sentado un precedente importante ya que hace algo más de un año ver como acusado a Hosni Mubarak en un Tribunal Penal hubiera sido impensable", ha afirmado el subdirector para Oriente Próximo de HRW, Joe Stork. "Sin embargo, la absolución de altos cargos del Ministerio del Interior de las muertes y lesiones de manifestantes pacíficos deja intacta la impunidad policial y las víctimas siguen esperando justicia", ha añadido.

La corte, dirigida por el magistrado Ahmed Refaat, ha absuelto no obstante a los hijos de Mubarak, Alaa y Gamal, acusados de corrupción, y a seis ex comandantes policiales que conformaban el núcleo duro de seguridad del Ministerio del Interior. De estos últimos, cuatro eran subordinados directos de Al Adli: Hassan Abd El Rahman (ex vice ministro del Interior y ex jefe de Seguridad del Estado), Adli Fayed (ex vice ministro de Interior y ex jefe de Seguridad General), Ahmed Ramzy (antiguo jefe de las Fuerzas de Seguridad Centrales) e Ismail al Shaer (ex director de Seguridad para el Cairo). Los otros dos son los ex oficiales ministeriales Osama al Marassy y Omar Faramawy.

Human Rights Watch considera que el juicio ha seguido un curso normal pero que al final se produjo una "abrupta decisión de la corte para cerrar el juicio" lo que impidió que abogados de la defensa pudieran llamar a más testigos, como miembros de los Servicios de Inteligencia General y de la Guardia Presidencial, y aportar nuevas pruebas documentales. Aunque la decisión no viola la legislación egipcia pudo socavar la oportunidad de presentar una adecuada defensa como exige el Derecho Internacional.

Tanto el Ministerio Público como los abogados defensores de Mubarak y Adly han anunciado que apelarán la decisión al Tribunal de Casación, un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que ha sufrido un error en el procedimiento o que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley.

En cuanto a las sentencias absolutorias el juez ha argumentado que la fiscalía no había identificado a los autores de los disparos ni había proporcionado testigos creíbles o evidencia material de la vinculación del crimen a los acusados. Aparte de indicar que las pruebas de vídeo y grabaciones presentadas no habían convencido al tribunal por lo que era imposible atribuir la responsabilidad.

Este juicio para HRW no ha hecho otra cosa que poner en relieve la debilidad sistemática de la fiscalía en Egipto en la investigación de los abusos policiales y la participación de los jefes y oficiales y la negativa del Ministerio del Interior a cooperar con la investigación.

"Bajo el régimen de Mubarak, el Ministerio del Interior cubría sistemáticamente los abusos para garantizar que sus funcionarios nunca se enfrentaran a un juicio", ha dicho Stork. "El juicio de Mubarak ha demostrado que en el equilibrio de poder entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior este último aún tiene todas las cartas", ha añadido.

"El patrón de las sentencias absolutorias en casos recientes contra agentes de seguridad indica un fallo del sistema de justicia penal para poner fin a la impunidad en graves violaciones de los Derechos Humanos", señaló Stork.