Insulza y la CIDH certifican las dudas sobre la legalidad de la destitución de Lugo

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), auspiciada por la OEA, han coincidido en ratificar las dudas sobre la legalidad del proceso que ha concluido con la deposición de Fernando Lugo como presidente de Paraguay.

Insulza, en un comunicado, remarca que el "juicio sumario, aunque formalmente apegado a la ley, no parece cumplir con todos los preceptos legales del derecho a la legítima defensa". El artículo 225 de la Constitución paraguaya confiere facultades al Congreso para iniciar un "juicio político" por el "mal desempeño de las funciones" de un presidente.

No obstante, Insulza ha argüido que esta norma entra en conflicto con los artículos 17 y 18 de la Carta Magna de Paraguay y con varios considerandos de los tratados internacionales sobre los mínimos de legítima defensa.

El expresidente Lugo apenas contó con un día para preparar su defensa y, según informaron medios locales, el Congreso desestimó la petición de prórroga de la comparecencia.

En este sentido, la CIDH ha expresado su "profunda preocupación" por la "inaceptable" destitución de Lugo. Del juicio político, "por su rapidez", afloran "profundos cuestionamientos" sobre su legalidad, según reseña el comunicado de la organización.

"Considerando que se trata de un proceso para la remoción de un Jefe de Estado, es altamente cuestionable que éste pueda hacerse respetando el debido proceso para la realización de un juicio imparcial en tan sólo 24 horas", argumenta la CIDH.

"La Comisión considera que el procedimiento seguido afecta la vigencia del Estado de Derecho en Paraguay", añade.

ESCENARIO REGIONAL

Por otra parte, Insulza ha ensalzado el "gran impacto" que ha provocado esta destitución. Precisamente, ha sido "la percepción generalizada sobre la ausencia de respeto al debido proceso y al derecho de legítima defensa" la que ha propulsado la condena casi unánime de la comunidad política latinoamericana.

Asimismo, Insulza desvela en el comunicado que la mayoría de los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembro de la Unión Suramericana (UNASUR), a la par que un representante especial de la OEA, se han trasladado a Asunción para certificar el acatamiento de las normas internacionales. De hecho, Insulza ha mantenido conversaciones con los responsables de Exteriores de numerosos países para abordar la coyuntura en Paraguay y concretar las medidas a tomar.

No en vano, la región se verá "afectada" por esta "situación de crisis que, sin embargo, no es inédita". "Son ya varias las ocasiones en que en algunos países, con apego a la letra escrita de la ley, se violan principios democráticos que deben tener vigencia universal", señala Insulza.

"La letra de la ley nunca puede amparar la violación de los principios", insiste el secretario general de la OEA. "Nadie quisiera que esto se transforme en una tendencia que empañe este período democrático de nuestra región, al que ha sido tan difícil llegar", apostilla.