Una juez argentina ordena embargos millonarios contra petroleras extrajeras que operan en las Malvinas

La iniciativa incluye además el secuestro de buques y bienes de las petroleras extranjeras que habían sido objeto de una denuncia penal el pasado 21 de abril, informa el diario argentino 'La Nación' en su edición digital.

Harráez acepta así la petición de los fiscales Marcelo Rapoport, de Río Grande; Adrián García Lois, coordinador de distrito de Tierra del Fuego, y Carlos Gonella, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Los funcionarios imputaron penalmente el 21 de abril a las empresas transnacionales Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc. Según la denuncia judicial, las compañías incurrieron en "graves e irreparables daños ambientales producidos por las actividades petroleras ilícitas" en aguas del Atlántico sur.

A principios de junio, varias de esas compañías afirmaron que seguirían sus tareas de exploración pese a las amenazas legales de Argentina.

Según informa el sitio Fiscales, las medidas cautelares sobre bienes de las empresas imputadas que finalmente dispuso la magistrada fueron precisadas el 1 de junio por el fiscal del caso Rapoport, junto con María del Carmen Chena, titular de la Unidad de Recupero de Activos (URA) de la Procuración General de la Nación, que se encuentra colaborando en la causa para asegurar y decomisar los activos ilícitos involucrados.

"En el marco de este trabajo, requirieron las medidas para asegurar las multas previstas en la legislación argentina, a cuyo fin identificaron los activos de las empresas en el exterior y descubrieron que una de las principales imputadas, la firma estadounidense Noble Energy, registra una sucursal local en la Argentina, por lo que impulsaron el embargo de sus bienes", explica el sitio web.

Además, el sitio Fiscales detalla que "la orden judicial será notificada a la Cancillería para que, por vía diplomática y en cumplimiento de los pactos de cooperación internacional en materia judicial, sea derivada para su ejecución ante los tribunales de cada país donde se encuentren radicados los activos identificados".